En el marco de las movilizaciones del Día Internacional del Trabajo, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha puesto en marcha una hoja de ruta ambiciosa para el mercado laboral colombiano. Se trata de la primera Política Nacional de Trabajo Digno y Decente (Conpes 4189), un documento técnico y político que pretende ser la brújula del empleo en el país hasta el año 2035.
Este plan no es solo una declaración de intenciones. El Ejecutivo ha confirmado una ejecución presupuestal de $1,82 billones de pesos, provenientes del Presupuesto General de la Nación, para financiar un total de 104 acciones concretas destinadas a eliminar la precariedad laboral en diversos sectores de la sociedad.
Conpes 4189: ¿Es esta la alternativa de Petro ante el estancamiento de la Reforma Laboral?
Uno de los pilares más innovadores de esta nueva política es la apuesta por la sostenibilidad. Ante el proceso de descarbonización que atraviesa la economía global, el Gobierno destinará gran parte de los recursos a la reconversión laboral. Específicamente, el Ministerio de Minas liderará programas para los cerca de 14.000 trabajadores que se verán afectados por el cierre de minas de carbón. El objetivo es que esta fuerza laboral transite hacia sectores de energías limpias. En este punto, el SENA jugará un rol protagónico, recibiendo una asignación de $1,47 billones para capacitar a los ciudadanos en lo que ya se denominan «empleos verdes», un mercado con un potencial de 15 millones de puestos netos para el año 2030.
La nueva política también aborda la baja cobertura del sistema de protección al cesante. Actualmente, apenas el 0,6% de las personas sin empleo logran acceder a este beneficio. El plan de Petro propone un rediseño total de este mecanismo para incluir a los trabajadores informales y a quienes integran la llamada «economía popular».
Para incentivar a las empresas a sumarse a esta visión, se creará el Sello de Trabajo Digno y Decente. Este será un reconocimiento oficial para las organizaciones, sindicatos y entes territoriales que demuestren excelencia en inclusión laboral, diálogo social y resolución pacífica de conflictos.
Con la firma de este Conpes, Colombia establece un compromiso de Estado que trasciende el periodo presidencial actual. La meta es clara: reducir las brechas de desigualdad y garantizar que el crecimiento económico se traduzca en calidad de vida para la clase trabajadora. Mientras las marchas avanzan por las principales avenidas del país, este documento se posiciona como la herramienta técnica con la que el Gobierno busca compensar las dificultades que ha enfrentado la Reforma Laboral en el Congreso, apostando ahora por una ejecución directa vía política pública.
Fuente: Valora Analitik.
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