Cada vez que aparecen nuevas pruebas contra Juliana Guerrero ocurre lo mismo: no habla primero la Fiscalía, habla primero el presidente. Esta semana, tras revelarse chats, audios y consignaciones bancarias que documentarían una presunta red de cobro de comisiones a contratistas encabezada por Guerrero y su hermana Verónica, Gustavo Petro no esperó el resultado de ninguna investigación. Salió a pedirles que denuncien a quienes las buscaron corromper y que devuelvan el dinero si lo recibieron. No es la primera vez. Es, según los propios registros de sus discursos, ya la enésima ocasión en que el jefe de Estado se convierte en el principal defensor público de una funcionaria señalada.
Ese gesto, repetido durante meses, es el problema de fondo que hoy ocupa este editorial.
Empecemos por lo que no está en discusión. La corrupción no se justifica jamás, en ningún gobierno, de ningún color político. No importa si roba de la derecha o de la izquierda, si el contratista es amigo o enemigo del poder de turno: apropiarse de recursos públicos, o traficar con la promesa de acceso al Estado, es un delito que empobrece al país entero y corroe la confianza que sostiene cualquier democracia. Este medio lo ha dicho antes y lo repite hoy sin matices: cero tolerancia con la corrupción, venga de donde venga.
Y tampoco está en discusión, porque es un principio que no se negocia ni cuando el señalado resulta antipático, que toda persona, incluida Juliana Guerrero, tiene derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia. Las pruebas reveladas por Semana son graves: mensajes, tiquetes, transferencias, testimonios de empresarios que dicen haber entregado más de seiscientos millones de pesos sin obtener nunca los contratos prometidos. Son indicios serios, suficientes para que la Fiscalía abriera investigación formal. Pero indicios no son sentencia. Le corresponde a un juez, no a un trino ni a una alocución presidencial, determinar si Guerrero y su hermana cometieron los delitos que se les atribuyen. Como aclaró esta semana La Silla Vacía: a la fecha, Juliana Guerrero no ha sido condenada ni enviada a la cárcel. Quien afirme lo contrario falta a la verdad, igual que falta a la verdad quien pretenda que aquí no hay nada que investigar.
El problema, entonces, no es que Guerrero tenga derecho a defenderse. El problema es que el presidente de la República se haya convertido en su defensor de oficio.
Petro no es un ciudadano cualquiera opinando desde la tribuna. Es el jefe de la rama ejecutiva de la que dependen buena parte de las entidades hoy señaladas en la investigación —Vivienda, Interior, Defensa, Ambiente, Igualdad— y es, además, alguien con una cercanía personal y política evidente con la funcionaria que nombró viceministra pese a que ya arrastraba dudas serias sobre su hoja de vida. Esa cercanía es, en sí misma, un conflicto de interés que un presidente prudente reconoce y del cual se aparta, no uno que administra desde el escenario público con discursos de respaldo. Cuando el primer mandatario sale, una y otra vez, a pedir explicaciones benévolas en lugar de exigir que la justicia actúe sin interferencia, no está protegiendo a una colaboradora: está debilitando la investigación misma, porque envía la señal de que existe un manto de protección política sobre el caso.
Y ese manto no aparece en el vacío. Aparece sobre un gobierno que ya acumula varios episodios de corrupción bajo investigación, y en el que el crecimiento patrimonial de algunas personas cercanas al poder ha despertado, cuando menos, sospechas razonables que merecen aclararse con la misma exigencia que hoy pedimos para el caso Guerrero. Si las pruebas contra funcionarios de este gobierno se acumulan, con más razón —no con menos— el presidente debería tomar distancia de cada uno de los señalados y dejar que la Fiscalía, la Procuraduría y los jueces hagan su trabajo sin la sombra de su respaldo público. Apartarse no es abandonar a nadie a su suerte: es la manera correcta e institucional de honrar tanto la presunción de inocencia del investigado como la independencia de quien investiga.
Lo lamentable, y aquí no hay forma más precisa de decirlo, es que el presidente Petro ha hecho durante todo su gobierno exactamente lo contrario: mezclar el afecto personal con el ejercicio del poder. Defiende a quien le es cercano no con argumentos jurídicos, sino con el lenguaje de la lealtad emocional, como si gobernar fuera una cuestión de simpatías y no de instituciones. Ese estilo, sostenido durante casi cuatro años, no solo desgasta la figura presidencial: termina por arrastrar consigo la credibilidad de todo lo que emana del ejercicio político en Colombia, porque enseña a la ciudadanía que el poder protege a los suyos antes que servir a la ley.
Colombia no necesita un presidente que juzgue por anticipado ni tampoco uno que absuelva por anticipado. Necesita un jefe de Estado que entienda dónde termina su función y dónde empieza la de la justicia. Que la investigación contra Juliana Guerrero y su hermana avance con todas las garantías, sí. Que se respete la presunción de inocencia, siempre. Pero que el presidente guarde silencio y se aparte cuando su cercanía personal con la investigada le impide hablar con la neutralidad que exige su cargo, también. Esa es la línea que trazamos hoy: ni linchamiento mediático ni impunidad con abrazo presidencial. Solo justicia, hecha por quienes tienen la autoridad legítima para impartirla.