En un movimiento que ha generado un intenso debate en la opinión pública y los sectores políticos, el presidente Gustavo Petro ha puesto sobre la mesa una propuesta disruptiva: garantizar el acceso gratuito a internet en las cárceles de Colombia. La iniciativa, que se enmarca dentro de la política de «Humanización de las Cárceles», busca transformar los centros de reclusión en espacios donde la tecnología actúe como una herramienta de educación y reinserción social, en lugar de ser únicamente recintos de aislamiento.
Desde el Ejecutivo se argumenta que el acceso a la red no debe verse como un lujo, sino como un vehículo necesario para que la población privada de la libertad pueda acceder a programas de formación técnica, profesional y educación básica de manera remota. Según fuentes de la Casa de Nariño, el objetivo primordial es que los internos utilicen el tiempo de su condena para adquirir habilidades digitales que les permitan competir en el mercado laboral una vez recuperen su libertad.
El debate detrás del internet en las cárceles colombianas que propone Gustavo Petro
El mandatario ha sostenido que la falta de contacto con el mundo exterior y la brecha digital actual condenan a los exconvictos a la reincidencia, al no contar con herramientas para su sustento económico. La propuesta sugiere que, mediante convenios con el SENA y otras instituciones educativas, se establezcan plataformas cerradas pero conectadas a la red para el aprendizaje de idiomas, programación y otras disciplinas de alta demanda.
Voces críticas señalan que, a pesar de los bloqueadores de señal actuales, las cárceles siguen siendo epicentros de llamadas extorsivas. Por ello, cuestionan si el Estado tiene la capacidad técnica para garantizar que este internet gratuito sea utilizado exclusivamente con fines pedagógicos y no para fortalecer las estructuras criminales desde las celdas.
trata de una «conexión libre y sin límites». El proyecto contempla una infraestructura de red altamente controlada. Los internos no tendrían acceso a redes sociales de uso recreativo, sino a terminales seguras ubicadas en zonas comunes bajo vigilancia constante. El modelo que se planea implementar se asemeja a los sistemas de «Intranet supervisada» que ya operan en algunos países de Europa y en ciertos estados de EE. UU., donde la conectividad está ligada al buen comportamiento y al progreso académico del recluso.
La implementación de esta medida requeriría una inversión significativa en infraestructura tecnológica dentro de los establecimientos penitenciarios gestionados por el INPEC. Además, se necesitaría una reforma a los reglamentos internos de convivencia carcelaria para establecer sanciones severas ante cualquier uso indebido del recurso digital. Mientras el debate continúa en el Congreso y en las redes sociales, la propuesta de Petro deja clara una intención: cambiar el enfoque del sistema penitenciario colombiano de uno puramente punitivo a uno restaurativo. El éxito de esta ambiciosa apuesta dependerá de la delgada línea entre la modernización del sistema y la seguridad nacional.
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