En un nuevo capítulo de la tensa relación entre el Ejecutivo y el sector extractivo, el presidente Gustavo Petro ha cerrado filas en torno a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. A través de sus canales oficiales, el mandatario salió al paso de las crecientes críticas que rodean la gestión de la principal empresa de los colombianos; sin embargo, su intervención ha dejado un sabor agridulce en los mercados y la opinión pública al omitir dos frentes críticos: el retroceso en los indicadores financieros de la compañía y los procesos legales que cercan al directivo.
El jefe de Estado calificó los cuestionamientos contra Roa como una campaña de desprestigio impulsada por sectores que, según él, se resisten a la transición energética. Petro argumentó que la gestión actual está alineada con la visión de «descarbonizar la economía», defendiendo la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración como un paso necesario hacia la sostenibilidad.
El silencio de Petro ante la caída de utilidades de Ecopetrol
No obstante, esta narrativa parece ignorar la realidad técnica. Expertos del sector señalan que el discurso presidencial se queda en lo retórico, pues no aborda la caída en la producción ni el envejecimiento de las reservas que hoy ponen en jaque la soberanía energética del país. Para el Gobierno, Roa es el ejecutor de un cambio de paradigma; para los analistas, es el responsable de un manejo que ha mermado el valor de la acción en los mercados internacionales.
Lo que más llama la atención de la defensa oficial es la ausencia de referencias a los resultados operativos. Durante el último año, Ecopetrol ha reportado una disminución notable en sus utilidades netas, afectada por la carga impositiva, la fluctuación del precio del crudo y, especialmente, por una estructura de costos que no deja de subir mientras la eficiencia parece estancarse.El mercado esperaba que el mandatario ofreciera una hoja de ruta para estabilizar las finanzas de la estatal, pero el enfoque fue puramente político. Al eludir los números, el Ejecutivo deja sin respuesta a los accionistas minoritarios y a las calificadoras de riesgo, quienes observan con lupa cómo la empresa más rentable de Colombia pierde terreno frente a sus pares regionales.
Más allá de los hidrocarburos, el presidente Roa enfrenta un panorama jurídico complejo que Petro prefirió no tocar. Las investigaciones relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de 2022, donde Roa se desempeñó como gerente, siguen activas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Fiscalía.
Las acusaciones sobre presuntas irregularidades y topes excedidos son el principal flanco de ataque de la oposición. La estrategia de la Casa de Nariño ha sido enmarcar estas investigaciones como una persecución política, evitando referirse a las pruebas o al avance de los procesos. Esta omisión aumenta la incertidumbre institucional en Ecopetrol, ya que la estabilidad de su presidencia depende, en gran medida, de lo que suceda en los tribunales.La defensa de Petro reafirma que Ricardo Roa cuenta con la confianza absoluta del Palacio de Nariño, lo que garantiza su permanencia en el cargo a corto plazo. No obstante, el blindaje político no parece ser suficiente para calmar las aguas en el sector energético.
Sin un plan claro para revertir la caída en la producción y sin claridad sobre el futuro judicial de su líder, Ecopetrol navega en aguas turbulentas. La pregunta que queda en el aire es cuánto tiempo podrá sostenerse una gestión basada en la lealtad ideológica si los pilares económicos y legales de la compañía continúan deteriorándose. Por ahora, el Gobierno ha decidido apostar todo al capital político, dejando que los datos y los jueces sigan esperando en la fila.
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