Margarita Cabello le contestó a Gustavo Petro y aseveró que espera que no se “rompa” la democracia con algunas instituciones.
Por: Redacción 360 Radio
El presidente y la procuradora General de la Nación vuelven a tener una nueva discusión. En esta oportunidad esto se generó debido a una carta enviada por Gustavo Petro a Margarita Cabello, en la que señaló no llevará a cabo la suspensión que este ente de control le ordenó contra el alcalde de Riohacha, La Guajira, José Ramiro Bermúdez Cotes.
“Se ve con preocupación que la Procuraduría esté desconociendo la Convención Interamericana y que por, ahí derecho, se les quite la representación a quienes votaron, en este caso de Riohacha, por el actual alcalde”, manifestó Petro en este escrito.
De igual manera, el mandatario colombiano sostuvo que desde esta entidad desconocen las decisiones tomadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual menciona que un elegido por voto popular no puede perder sus derechos políticos por una autoridad administrativa.
“Implica un serio riesgo de responsabilidad internacional del Estado por un presunto acto ilícito internacional que, en el futuro, será reclamado a la República de Colombia”, sostuvo el mandatario.
El pasado 23 de abril, la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal notificó la suspensión provisional por tres meses al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, debido a presuntas irregularidades en una licitación pública.
Por su parte, minutos después de la carta enviada por el mandatario, la procuradora Margarita Cabello durante un evento en Bogotá le contestó a Gustavo Petro y aseveró que espera que no se “rompa” la democracia con algunas instituciones.
“El presidente de la República quiere incumplir una orden constitucional, en donde la competencia, elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente, determinó que en Colombia la lucha contra la corrupción no solo la ejerce un juez penal si no la ejercen múltiples autoridades”, mencionó.
Así mismo, Cabello evidenció su preocupación debido a que Colombia se está acercando a las elecciones regionales y se está dando vía libre para incumplir el Estado de Derecho, con el objetivo de que los funcionarios que fueron sancionados en estos tres años puedan ser elegidos para ocupar cargos públicos.
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