No hay antecedente reciente de algo similar en la historia institucional del país. Y aunque la orden formal de suspensión la dio primero el propio presidente electo acusando al gobierno que termina de ser «corrupto» y de «pretender destruir a Colombia», sería un error de lectura reducir lo ocurrido a un exabrupto de campaña anticipada.
La crisis tiene un origen anterior y un responsable principal: el presidente Petro, quien lleva semanas negándose, sin pruebas verificables, a reconocer el resultado de una elección certificada por la Registraduría, avalada por la misión de observación de la Unión Europea y calificada como «confiable, transparente y totalmente trazable» por el Carter Center.
Petro ha llegado al extremo de afirmar que «el presidente de Colombia es el filósofo Iván Cepeda» y de sugerir, sin evidencia pública que resista el escrutinio, que el resultado fue alterado por algoritmos operados desde California. Es una acusación grave, lanzada desde la investidura presidencial, no desde una cuenta anónima de redes sociales. Y tiene consecuencias: fue en ese ambiente, y luego de que el Gobierno instaurara una denuncia penal contra Carlos Alonso Lucio miembro del equipo de empalme entrante, por afirmar en una entrevista que Petro debería ser investigado y eventualmente extraditado, que la administración entrante decidió congelar las mesas de trabajo.
El Gobierno saliente respondió suspendiendo también su participación, a través del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien acusó al equipo entrante de «romper el respeto». Ambas partes se suspendieron mutuamente, sí, pero la secuencia de los hechos deja claro quién encendió la mecha.
Aquí conviene ser precisos, porque el rigor es lo que distingue a un editorial de una consigna. El empalme no es un gesto de cortesía política que un gobierno pueda otorgar o retirar según el humor del momento: está regulado por la Ley 951 de 2005, que obliga a los servidores públicos salientes a elaborar y entregar un informe de gestión, y a la parte entrante a recibirlo y estudiarlo dentro de los treinta días hábiles siguientes, «más allá de las diferencias políticas», como precisa la propia norma. Es decir, la ley previó exactamente el escenario de tensión que hoy vive el país y, aun así, impuso el deber de continuidad institucional. Ninguna de las dos partes queda eximida de esa obligación por decreto de furia.
Pero hay una asimetría que el editorialista no puede pasar por alto: Abelardo de la Espriella es, hasta el 7 de agosto, un ciudadano electo sin poder ejecutivo, cuya única herramienta de presión es la palabra pública. Gustavo Petro, en cambio, sigue siendo jefe de Estado, con el aparato completo de la administración pública bajo su mando, incluida la capacidad de instaurar denuncias penales contra miembros del equipo entrante. Esa diferencia de poder es precisamente la que impone un estándar más exigente de conducta institucional a quien todavía ocupa la Casa de Nariño.
La Constitución no le pide a Petro que le simpatice su sucesor ni que comparta su proyecto político; le exige que garantice una transición ordenada, que es la esencia misma de la democracia liberal que este medio defiende: el poder se gana en las urnas, se ejerce dentro de la ley y se entrega sin condiciones cuando el mandato termina. Un presidente en funciones que utiliza su investidura para deslegitimar a su sucesor y que permite que su gobierno recurra a la Fiscalía contra críticos del oficialismo saliente no está ejerciendo oposición política: está incumpliendo el deber constitucional de custodiar el orden que juró proteger.
Nada de esto exime a la administración entrante de la responsabilidad de mantener la cabeza fría. Colombia no puede permitirse un mes de vacío informativo entre gobiernos en momentos en que la Fuerza Pública enfrenta una cifra récord de 27.500 combatientes armados ilegales y el país arrastra un hueco fiscal de más de $26 billones. Pero la responsabilidad primaria de destrabar el empalme recae sobre quien todavía gobierna. Petro tiene treinta días para decidir si su legado será el de un mandatario que, incluso en la despedida, antepuso su relato personal a la estabilidad institucional del país, o el de alguien capaz, por una vez, de anteponer la Constitución a su propio orgullo. El país —y la historia— estarán mirando cuál de las dos opciones elige.
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