La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) vuelve a estar en el centro del debate político, esta vez por parte del partido Salvación Nacional, el cual radicó en el Congreso un proyecto de acto legislativo que busca modificar la Constitución para impedir una eventual prórroga de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La iniciativa, presentada por el senador Enrique Gómez, plantea que el tribunal termine sus funciones en marzo de 2028 y que los procesos que permanezcan pendientes pasen a la justicia ordinaria, manteniendo las garantías establecidas en el Acuerdo de Paz de 2016.
¿Qué propone Salvación Nacional?
El proyecto propone modificar el Acto Legislativo 01 de 2017, que puso en funcionamiento la JEP, para establecer que “el plazo para la conclusión de las funciones de la JEP será de un término improrrogable de 10 años, contados a partir de la entrada efectiva en funcionamiento de la totalidad de salas y secciones de la JEP”.
Gómez justificó la iniciativa con fuertes cuestionamientos al desempeño del tribunal y afirmó que “la JEP no ha traído justicia, ha traído una enorme dosis de impunidad, de amargura y una tergiversación casi que sistemática de la subversión y de los daños que esta le ha hecho por casi 60 años a la sociedad colombiana”.
También sostuvo que la entidad se ha convertido en un “contratadero”, al señalar que cuenta con alrededor de 1.400 funcionarios y otros 1.200 contratistas.
Salvación Nacional había planteado inicialmente trasladar $100.000 millones de los recursos del tribunal al Consejo Superior de la Judicatura. Una ponencia discutida posteriormente en las comisiones económicas contempla una reducción de $170.000 millones, aunque mantiene recursos para el funcionamiento de la jurisdicción.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, ha cuestionado las medidas y sostiene que los recortes afectarían la independencia y autonomía del tribunal, además de las garantías de víctimas y comparecientes.
Lea también: Icfes entregará resultados este 25 de septiembre: así puede consultar su puntaje