Se trata de Andrés Felipe Caballero, abogado penalista y representante jurídico de Deicy Jiménez, excontratista del Gobierno de Gustavo Petro. Caballero explicó su renuncia por motivos de seguridad, situación que afectó la diligencia que la mujer tenía programada este 3 de noviembre ante la Fiscalía General de la Nación.
La cita tenía como propósito ampliar las declaraciones que Jiménez ha entregado públicamente sobre una presunta red de intercambio de favores sexuales por contratos y oportunidades laborales en entidades estatales durante la administración Petro.
Adicionalmente, la decisión del abogado se produce en un momento clave para el desarrollo de las investigaciones, pues la Fiscalía busca recopilar pruebas, verificar los señalamientos y establecer si existieron irregularidades en los procesos de contratación denunciados.
Cabe resaltar que el pasado 29 de octubre, Deicy Jiménez compareció ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, donde ratificó sus señalamientos. La diligencia se extendió durante varias horas y, según lo informado por su anterior abogado, la involucrada se comprometió a entregar su teléfono celular para que las autoridades judiciales examinaran conversaciones y otros posibles elementos de prueba.
Las denuncias de Jiménez apuntan a la supuesta existencia de una estructura en la que mujeres habrían obtenido contratos con entidades públicas a cambio de encuentros sexuales con personas que ocupaban posiciones de poder público en el periodo del líder del Pacto Histórico en la presidencia.
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¿Qué señalamientos ha hecho Deicy Jiménez contra Gustavo Petro?
Jiménez también ha señalado que otras mujeres podrían haber atravesado situaciones similares y que habría más personas con conocimiento de los hechos. Sin embargo, estas afirmaciones deberán ser contrastadas por las autoridades y, hasta el momento, no constituyen hechos judicialmente probados.
Además, la renuncia de Felipe Caballero introduce un nuevo elemento de preocupación alrededor del caso, las condiciones de seguridad de quienes participan en las actuaciones judiciales.
El abogado había asumido la representación de Jiménez pocos días antes de su comparecencia ante la Corte Suprema. Además, anteriormente había manifestado su preocupación por las presuntas presiones y situaciones de hostigamiento que, según su versión, habrían afectado a su representada y a su entorno familiar.
Por su parte, la Fiscalía ha señalado que trabaja en la recopilación y verificación de los elementos relacionados con las denuncias. También se ha contemplado escuchar a otros funcionarios y exfuncionarios que podrían aportar información relevante.
Las revelaciones de Jiménez han generado controversia por los señalamientos que involucran al expresidente Gustavo Petro y a la exsenadora María José Pizarro. Petro ha rechazado las acusaciones y ha negado haber entregado contratos públicos a cambio de relaciones sexuales. Pizarro, por su parte, también ha cuestionado los señalamientos y ha rechazado las asociaciones que considera carentes de sustento.
Las famosas 48 mujeres de la supuesta red de la que me favorezco, son en realidad el fruto de un enorme abuso de poder del señor Carlos Ríos Puerta.
Carlos Ríos Puerta y su hermana prestaron más de 1.600 millones de pesos a la campaña de Abelardo. En contraprestación Carlos Ríos es el director del DAPRE
Lo que ha hecho Carlos Rios es una labor de policía política con funciones judiciales que no tiene.
Comienza su labor investigando todos los perfiles personales en redes de las mujeres que trabajan en el DAPRE para ver sus simpatías políticas, entre ellas madres cabeza de familia.
A las que encuentran simpatizando con las campañas del Pacto Histórico las llevan a oficinas donde realizan interrogatorios en presencia del mismo Carlos Ríos y funcionarios que parecen pertenecer a la Dirección de Inteligencia Nacional.
Son constreñidas, acosadas por sus querencias políticas, les hacen preguntas propias del régimen judicial y lo hacen sin presencia de abogado, abrogándose, como funcionarios públicos, facultades judiciales ilegales.
Colombia no puede transformarse en dictadura. El procurador debe inmediatamente proceder para procesar los funcionarios que estan en esta labor sistemática de acoso a las mujeres progresistas en el DAPRE.
La Constitución prohíbe la discriminación por razones por políticas o ideológicas. Constreñimiento agravado es delito, el acoso agravado es delito, el hostigamiento agravado es delito, el abuso del poder es delito. El DNI no es una Gestapo. El director del DAPRE no es fiscal ni juez.
Si en las oficinas del presidente de la república se hacen interrogatorios policiacos, por parte de sus funcionarios entonces estamos en dictadura y le han quitado los derechos a las mujeres de Colombia y la gente trabajdora del país.
El señor Carlos Ríos Puerta ha sido denunciado y deberá asumir su responsabilidad penal.
Las mujeres de la bancada del Pacto deben iniciar debate en el Congreso den la República y denunciar ante la OIT, la CIDH y la justicia colombiana esta acción contra la dignidad de la mujer y la constitución de Colombia.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 29, 2026