Con una ajustada votación de 14 votos a favor y 10 en contra, la Asamblea de Antioquia aprobó en último debate el Proyecto de Ordenanza N°59, que establece una nueva tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana. Este tributo será implementado a través de las facturas de servicios públicos en el departamento y busca recaudar cerca de $1,1 billones entre 2025 y 2027, destinados a fortalecer la seguridad y la infraestructura social.
El gobernador Andrés Julián Rendón, principal impulsor del proyecto, logró sortear los obstáculos políticos y la resistencia del sector privado, consolidando una victoria legislativa que llevaba meses en disputa. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de tensiones, enfrentamientos entre actores políticos y cuestionamientos legales.
¿En qué consiste la nueva tasa?
La tasa especial afectará a los estratos 4, 5 y 6, así como a usuarios industriales, comerciales y oficiales, con tarifas progresivas según el nivel de consumo. Según la Gobernación, el 85% de los usuarios residenciales no se verán afectados y más del 60% de los no residenciales pagarán menos de $30.000.
Los recursos estarán dirigidos a cinco frentes principales:
- Cámaras de seguridad: $600.000 millones.
- Placas polideportivas: $300.000 millones.
- Dotación del Ejército y Policía: $114.000 millones.
- Construcción de una cárcel departamental: $194.000 millones.
- Mejoras en infraestructura de la Fuerza Pública: $42.000 millones.
Tensiones entre Medellín y la gobernación
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su rotundo rechazo a la medida, calificándola como un golpe para los ciudadanos y empresas. Desde su cuenta de Twitter, Gutiérrez manifestó que no permitirá que la tasa se cobre a través de las facturas de servicios públicos domiciliarios, considerando que vulnera el principio de legalidad tributaria.
Empresas Públicas de Medellín (EPM) ya había planteado reparos legales en noviembre pasado, argumentando que el cobro podría generar conflictos legales y poner en riesgo la seguridad jurídica tanto de la empresa como de sus usuarios.
Por su parte, Rendón desestimó los cuestionamientos y señaló que, mientras Medellín cuenta con un amplio presupuesto, los municipios más pequeños de Antioquia enfrentan graves problemas de seguridad que no pueden esperar.
Asamblea de Antioquia aprueba tasa de seguridad
Por qué es importante: La discusión en plenaria estuvo marcada por intensos debates y posiciones divididas entre las bancadas políticas. Los diputados del movimiento Creemos, Alianza Verde, Mira, Pacto Histórico y Movimiento Independientes votaron en contra, argumentando que la medida no fue concertada con el sector privado y que la ciudadanía ya está agobiada por cargas tributarias.
En contraste, las bancadas del Partido Liberal, Conservador, Centro Democrático y ASI respaldaron la iniciativa, defendiendo la urgencia de las inversiones en seguridad.
El sector empresarial, representado por Fenalco Antioquia y el Comité Intergremial de Antioquia, expresó su descontento, asegurando que los empresarios no soportan más impuestos. Sin embargo, alcaldes de municipios como Girardota, Amagá y Anzá apoyaron la medida, argumentando que la inseguridad en las regiones no puede esperar soluciones a largo plazo.
A pesar de su aprobación, la tasa enfrenta un futuro incierto. La posibilidad de que el Distrito de Medellín o EPM emprendan acciones legales contra la ordenanza podría retrasar o incluso anular su implementación.