El hecho: La Corte Constitucional dejó en firme la inexequibilidad de la ley que creó el Ministerio de la Igualdad, que funcionará hasta el 20 de junio de 2026.
¿Por qué es importante? Porque supone la desaparición de una cartera creada para liderar políticas de inclusión y equidad en el Gobierno Nacional.
¿Cuál es el contexto? La ley que dio origen al ministerio fue cuestionada por no contar con el aval fiscal exigido para este tipo de iniciativas.
¿A quiénes afecta y cómo? A los funcionarios, contratistas y programas que dependían de la entidad, los cuales deberán ser reorganizados o trasladados a otras dependencias estatales.
El dato que no se puede perder: La Corte dio tiempo al Gobierno para corregir los errores de creación de la entidad, pero el trámite legislativo no logró completarse antes del vencimiento del plazo.
La Corte Constitucional puso punto final a la existencia del Ministerio de la Igualdad al mantener la inexequibilidad de la ley que dio vida a esta cartera durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. La decisión implica que la entidad continuará operando únicamente hasta el próximo 20 de junio de 2026, fecha establecida para culminar sus actividades.
Ministerio de la Igualdad cerrará sus puertas el 20 de junio
El alto tribunal concluyó que la norma con la que se creó el ministerio presentaba un vicio de trámite relacionado con la ausencia del aval fiscal requerido por parte del Ministerio de Hacienda, requisito indispensable para iniciativas que generan impacto en las finanzas públicas.
Aunque la Corte había otorgado un plazo para que el Gobierno Nacional corrigiera los problemas identificados y tramitara nuevamente el proyecto en el Congreso, el proceso legislativo no avanzó lo suficiente para garantizar la continuidad de la entidad.
Desde su creación, el Ministerio de la Igualdad estuvo bajo la dirección de cuatro funcionarios. La primera en asumir el cargo fue la vicepresidenta Francia Márquez, seguida por Carlos Rosero, Juan Carlos Florián y Luis Eduardo Acosta.
La cartera también enfrentó diversos cuestionamientos durante su funcionamiento. Entre ellos estuvieron las críticas por los niveles de ejecución de los recursos asignados, así como observaciones relacionadas con gastos administrativos y diferencias internas que marcaron parte de su gestión.
Ante el escenario de cierre, la entidad ya había diseñado un plan para concluir sus operaciones de manera ordenada. Según la hoja de ruta establecida, las distintas dependencias debían finalizar actividades y presentar informes de gestión antes del 17 de junio. Posteriormente se contempló la consolidación de la información institucional, la reorganización de áreas y la entrega formal de bienes, equipos y documentación administrativa.
Con esta decisión, el Ministerio de la Igualdad se convierte en una de las entidades más breves en la estructura reciente del Estado colombiano, cerrando un capítulo que generó amplios debates políticos, jurídicos y administrativos desde su nacimiento.
