El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha manifestado su profunda preocupación este lunes 27 de enero, por el recorte del 56.75% en su presupuesto asignado para el año 2025, según lo dispuesto en el Decreto 0069 del 24 de enero de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esta reducción compromete directamente las actividades fundamentales del CNE, incluyendo la preparación de las elecciones de 2026 y la ejecución de las elecciones atípicas y de Consejos Municipales de Juventud programadas para este año.
Panorama general: El CNE ha señalado que esta decisión de la Rama Ejecutiva carece de proporcionalidad frente a otros sectores y vulnera la autonomía de la Autoridad Electoral. Según la Corporación, la drástica disminución del presupuesto no solo imposibilita las actividades misionales de la entidad, sino que también pone en riesgo la transparencia y legitimidad de los procesos electorales.
Entre las actividades comprometidas se destacan:
- Organización de las elecciones atípicas del 2025.
- Elecciones de Consejos Municipales de Juventud.
- Preparación de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, incluyendo testigos electorales, auditorías, escrutinios generales y componentes tecnológicos fundamentales para garantizar elecciones transparentes.
En palabras del CNE, esta situación «afecta gravemente la democracia de nuestro país» al poner en riesgo la realización de elecciones libres, justas y transparentes.
¿Cómo afecta el recorte al CNE las elecciones de 2026 en Colombia?
Por qué es importante: El Consejo Nacional Electoral anunció que solicitará al Gobierno Nacional reconsiderar el aplazamiento presupuestal. Además, evaluará medidas jurídicas para controvertir la decisión adoptada en el Decreto 0069 de 2025.
También se ha pedido la intervención inmediata de los órganos de control para evaluar la legalidad y las implicaciones de esta medida, calificada por el CNE como irregular y desproporcionada.
El recorte presupuestal no solo afecta los procesos inmediatos, sino que podría comprometer la confianza en el sistema democrático del país. Sin los recursos necesarios para auditar, organizar y garantizar la transparencia de los procesos electorales, se pone en duda la capacidad del CNE para cumplir con sus facultades constitucionales y legales.
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