El Gobierno Nacional presentó dentro de la nueva Ley de Financiamiento una medida que ha generado debate en el sector automotor: el incremento del IVA para los vehículos híbridos del 5 % al 19 %. La decisión busca redirigir los incentivos tributarios hacia tecnologías consideradas más limpias, en especial los vehículos eléctricos de cero emisiones.
El Ministerio de Hacienda explicó que cuando se creó la tarifa reducida del 5 % se pensó en estimular el tránsito hacia la movilidad sostenible. Sin embargo, la evaluación reciente mostró que el impacto de los híbridos en la reducción de emisiones contaminantes es limitado frente al de los eléctricos, lo que llevó al Ejecutivo a replantear la política de beneficios.
Argumentos del Gobierno aumentará impuestos a vehículos híbridos
Según el análisis técnico, mantener los incentivos para los híbridos estaba desestimulando la compra de eléctricos, que sí representan una transición real hacia energías limpias. Por ello, el Gobierno decidió que estos vehículos paguen la tarifa plena de IVA, al igual que otros bienes que no están clasificados como de primera necesidad.
El articulado de la reforma aclara que la modificación se aplica exclusivamente a cerca de 10 referencias de vehículos híbridos, excluyéndolos del listado de productos que conservan la tarifa reducida del 5 %. “No queremos que haya malas interpretaciones: el cambio es específico para los híbridos, no para toda la gama de bienes cobijados con el 5 %”, puntualizó la cartera de Hacienda.
Impacto en el sector
La medida ha despertado preocupación entre importadores, concesionarios y consumidores que veían en los híbridos una opción intermedia entre los vehículos a combustión y los eléctricos. Para los compradores, el incremento del IVA se traducirá en un aumento considerable en el precio final de estos automotores.
No obstante, el Ejecutivo insiste en que se trata de un ajuste necesario para alinear la política fiscal con los compromisos ambientales, incentivando la movilidad eléctrica como el verdadero eje de la transición energética.
Gobierno radica nueva Ley de Financiamiento con la que espera recaudar $26,3 billones en 2026
El Ministerio de Hacienda radicó este lunes en el Congreso de la República la nueva Ley de Financiamiento, un proyecto que busca garantizar los recursos necesarios para el Presupuesto General de la Nación de 2026 y dar sostenibilidad a las finanzas públicas en el mediano plazo.
Según el Ejecutivo, la iniciativa pretende consolidar un “gran pacto fiscal” que trascienda el actual periodo presidencial y permita asegurar la estabilidad económica del país. “No se trata de un proyecto para un gobierno, sino de una apuesta para blindar la estabilidad fiscal y macroeconómica hacia el futuro”, señaló la cartera de Hacienda durante la presentación.
Recaudo proyectado
De acuerdo con las estimaciones oficiales, las medidas incluidas en la propuesta generarían $26,3 billones en 2026, lo que equivale al 1,4 % del PIB, con un aumento progresivo que superaría los $37 billones en 2030.
El mayor recaudo provendrá de la eliminación o reducción de exenciones tributarias y de la implementación de gravámenes sobre sectores específicos. Con estas medidas, el Gobierno espera ampliar la base fiscal, mejorar la equidad y promover prácticas más sostenibles, tanto en lo económico como en lo ambiental.
La reforma plantea un impacto en varios frentes
- IVA: la reducción de exenciones y beneficios tributarios aportará más de $1,3 billones en 2026 y cerca de $4,8 billones en 2030.
- Combustibles fósiles: uno de los ejes de mayor recaudo, con $2,6 billones en 2026 y más de $8 billones al cierre de la década, en línea con los objetivos de desincentivar su uso.
- Juegos de suerte y azar: el sector aportará alrededor de $1,6 billones en 2026, con un crecimiento gradual en los años siguientes.
- Renta de personas naturales y jurídicas: se reforzará la progresividad, incrementando los aportes de quienes cuentan con mayores ingresos y patrimonios.
- Consumo de alcohol y tabaco: será uno de los rubros más significativos, con $7,8 billones en 2026 y cerca de $10 billones en 2030.
Tributos ambientales y minero-energéticos: se incorporan nuevas cargas sobre emisiones de carbono y sobre la industria extractiva, con el doble propósito de recaudar y promover sostenibilidad.
