Por: Redacción 360 Radio
La pandemia ha desatado una crisis económica global que, al igual que esta, no se veía venir. Las empresas del mundo y, por supuesto, de Colombia no tuvieron chance de prepararse para el gran reto de afrontar una crisis sanitaria, manteniendo en marcha sus actividades industriales y comerciales.
Al ver que esta situación de aislamiento, ventas online, pedidos a domicilio, empleados despedidos y locales cerrados se está prolongando más de lo previsto; hoy en Colombia las empresas, además de adaptarse al contexto, han hecho una pausa para revisar las ganancias y pérdidas derivadas de la situación y, también, han estado analizando con lupa sus responsabilidades tributarias.
Es aquí donde vuelve a ser visible uno de los fantasmas, que desde su imposición ha afectado el flujo de caja de las compañías del país: el Impuesto de Industria y Comercio, más conocido como el ICA.
Se trata de un tributo que deben saldar todas aquellas personas, naturales o jurídicas, que se dediquen a actividades industriales, comerciales o de servicios, es decir, que toda empresa debe pagar el ICA. Además, esta tarifa anual es impuesta de manera autónoma por cada municipio y se establece directamente sobre las ventas.
Sin embargo, reconociendo la actual recesión económica ¿por qué no descontar este impuesto para alivianar un poco la carga a las compañías? Esta pregunta se la están formulando cientos de empresarios a lo largo y ancho del territorio nacional.
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Y es que desde que se implementó este tributo ha sido fuente de polémicas, porque en el momento en que se paga podría estar generando un déficit a las empresas, ya que no tiene en cuenta la inversión sobre el producto que se comercializa. Sin embargo, el Estado ‘se lava las manos’ añadiendo los saldos a favor, que se otorgan a los empresarios si sus ventas no alcanzan las cifras previstas.
Por esto, en el 2018 varios concejales en Manizales solicitaron que este impuesto no fuera cobrado por el municipio, pues afirmaban que “no solo afecta la economía familiar sino la competitividad de la ciudad, por la disminución de los ingresos para los profesionales”. Sumado a esto, en otras ciudades capitales se han investigado carteles de fraude, dedicados a cobrar los saldos a favor. Estos operan creando empresas nuevas, cuyas ventas son bajas o incluso nulas, para posteriormente cobrar los saldos a favor a la administración municipal.
Con la resurrección del ICA, que en realidad siempre estuvo ahí, oculto en las sombras de los procesos contables; hoy de nuevo se solicita al Gobierno Nacional realizar una revisión del Decreto Ley 1333 de 1986, ya que el ICA es un impuesto regresivo e injusto, sobretodo durante la actual pandemia por la COVID-19.
Y, verdaderamente, realizar una deducción de este impuesto no es imposible, ya sucedió en Jardín, Antioquia. Allí, el alcalde, Héctor Jaime Rendón, anunció “un gran descuento para aquellos comerciantes que tienen sus locales cerrados” en el que aprobó una rebaja del 99% sobre el ICA. ¿Por qué no implementar medidas similares en los demás municipios?