La decisión del presidente Gustavo Petro de no aumentar los salarios a altos funcionarios, en respuesta a la eliminación de una parte de la reforma tributaria relacionada con las regalías por parte de la Corte Constitucional, ha provocado un intenso debate con diversas opiniones y posiciones en juego.
Después de la determinación del alto tribunal, el presidente Petro afirmó en su cuenta de la red social X y durante su participación en el XX Congreso Nacional de la Infraestructura en Cartagena: «Le toca al ministro de Hacienda después de esta decisión que no puedo compartir recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público (sic).» Además, reiteró que en el próximo año no se permitirá el aumento de salarios en el sector público, abarcando las tres ramas del poder y las entidades descentralizadas.
¿Qué dijo Margarita Cabello sobre la posición de Gustavo Petro?
La procuradora Margarita Cabello expresó su desacuerdo con la medida, argumentando que existen normas y leyes que rigen el funcionamiento del sector público y que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) debe ser respetado. Cabello señaló: «Hay reglas especiales que determinan y que le dan funciones específicas al presidente de la República para determinar los aumentos en los salarios, y él sabe que se tiene que ceñir a la regla.»
Aurelio Rodríguez Guzmán, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, también se unió a las críticas, calificando la propuesta de recortar el presupuesto para la Rama Judicial como «nefasta». Rodríguez Guzmán enfatizó la necesidad de mayores recursos para garantizar un acceso más amplio a la administración de justicia en todo el país.
El presidente del Consejo Superior de la Judicatura destacó que el Gobierno Nacional había destinado 1.2 billones de pesos para inversión en el año 2024, y recortar ese presupuesto podría tener consecuencias negativas para el Estado social de derecho.
Con estas divergentes posturas, la decisión de congelar los salarios a altos funcionarios parece haber generado un intenso debate sobre las implicaciones y el impacto que podría tener en diferentes sectores de la administración pública.
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