La Procuraduría General de la Nación emitió este miércoles 26 de marzo una alerta al Gobierno Nacional respecto a la disponibilidad de recursos necesarios para enfrentar emergencias y desastres ocasionados por la variabilidad climática en lo que resta del año.
Procuraduría advierte sobre insuficiencia de recursos para emergencias en Colombia
El ente de control ha convocado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a una serie de mesas técnicas con el fin de identificar y viabilizar estrategias que permitan asistir de manera eficaz a las poblaciones afectadas por emergencias naturales.
Según el Ministerio Público, es fundamental que, en el marco de sus competencias y como parte del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, estas entidades adelanten las acciones pertinentes para garantizar una respuesta efectiva a los damnificados.
Durante el primer encuentro de los cuatro programados, la Procuraduría instó a las entidades a buscar soluciones concretas frente a las dificultades en la ejecución de recursos y la implementación de los planes de acción específicos.
El objetivo primordial es garantizar una respuesta oportuna y la recuperación de las zonas afectadas por los eventos climáticos extremos, tales como los ocasionados por el fenómeno de El Niño y La Niña.
En este sentido, se hizo referencia a los decretos 2113 de 2022, 020 de 2024, 037 de 2024 y 1372 de 2024, que han justificado la declaratoria de desastre nacional en distintos momentos.
Asimismo, la delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial solicitó a la UNGRD acelerar los trámites administrativos para liberar recursos que aún no han sido ejecutados, correspondientes a la declaratoria de desastre por el fenómeno de La Niña.
Esta medida busca fortalecer la implementación del plan de acción establecido en el Decreto 1372 de 2024 y garantizar la atención inmediata de las comunidades afectadas.
La Procuraduría también anunció que realizará un seguimiento detallado a la evaluación de daños y análisis de necesidades por parte de cada sector del Gobierno Nacional, con el fin de agilizar este proceso y garantizar que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan en el menor tiempo posible.
En un contexto paralelo, el jefe del Ministerio Público, en un foro organizado por el Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP), destacó la importancia de reforzar la prevención sobre el castigo en la lucha contra la corrupción. Según su criterio, no se trata solo de sancionar a los responsables, sino de evitar que las irregularidades ocurran en primer lugar.
«No es sensato que los organismos de control se distingan solo por la cantidad de funcionarios sancionados. «Es fundamental transformar la cultura institucional y capacitar a tiempo para evitar irregularidades», expresó el procurador.
El funcionario enfatizó que la transparencia y la protección del patrimonio público deben abordarse con medidas preventivas que funcionen como una «vacuna» contra la corrupción. «El castigo es una reacción tardía y muchas veces ineficaz», agregó.
Por ello, hizo un llamado a fortalecer la vigilancia oportuna y el seguimiento constante, asegurando que estos sean pilares en la protección de los recursos públicos. Asimismo, resaltó la necesidad de generar espacios de diálogo y consenso para encontrar soluciones integrales en lugar de imponer medidas unilaterales.
Finalmente, el Procurador subrayó la importancia de que la institución tenga presencia activa en las regiones donde el Estado tiene menor alcance, permitiendo que la supervisión sea una herramienta efectiva de protección y garantizando que la lucha contra la corrupción no se limite a acciones reactivas.
Con esta alerta y la convocatoria a las mesas técnicas, la Procuraduría busca asegurar que el país esté preparado para enfrentar desastres naturales con respuestas oportunas y recursos suficientes.
Al mismo tiempo, refuerza su compromiso con la prevención de la corrupción, buscando garantizar la transparencia y eficacia en la gestión de los fondos destinados a emergencias.
El reto ahora recae en el Gobierno Nacional y las entidades correspondientes, quienes deberán tomar decisiones concretas para garantizar la seguridad y bienestar de las comunidades más vulnerables ante la variabilidad climática.
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