Este miércoles la Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el expresidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y lucha contra el crimen organizado (Frisco), Andrés Alberto Ávila Ávila, debido a la presunta autorización de millonarios pagos por más de $3.000 millones.
Según este ente de control, esta situación habría generado una desfinanciación en los gastos de funcionamiento del SAE.
“El exdirectivo habría avalado en la vigencia 2022 cancelar conceptos asociados a la nómina de 14 cargos profesionales de la planta de la Vicepresidencia Jurídica y la Gerencia Técnica correspondientes a $ 1.500 millones, de bonificaciones por $ 1.000 millones y el costo de la planta para 10 funcionarios de proyectos especiales que asumió en un 100 % la entidad que dirigía, correspondiente a $ 1.122 millones”, declaro la Procuraduría en un comunicado.
Así mismo, se conoció que este dinero no fue sometido previamente a consideración del Comité Técnico del CNE, ni a la aprobación del Consejo Nacional de Estupefacientes. Esta situación habría generado que la Sociedad de Activos Especiales solicitara la modificación del presupuesto (adición- recursos) para ese año fiscal.
De igual manera, se conoció que Ávila habría vulnerado los principios de responsabilidad, eficacia y el de economía, por lo que de manera provisional calificó la posible conducta como falta grave cometida a título de culpa gravísima.
He aquí un debate jurídico muy interesante que inicia y llevaremos hasta las últimas instancias para que se defina un precedente.
Los presupuestos del CNE establecen una aprobación general, que después se ve reflejada en distribuciones especificas que realiza la junta directiva… https://t.co/M6Bc1BP3YQ pic.twitter.com/Z8QQ9vllQv
— Andrés Avila Avila (@AndresAvila84) March 27, 2024
Respuesta del expresidente del SAE
Por su parte, Andrés Alberto Ávila Ávila se pronunció por su cuenta de X (antes Twitter) sobre estos hechos y aclaró que se cumplieron con todos los procedimientos previstos en los estatutos de la entidad, con el propósito de un incentivo a los funcionarios (no a los directivos) contra resultados.
“Cada uno de esos contratos nuevos responde en su tasación a una metodología de valoración objetiva que garantiza precios de mercado, por eso se logró ese incremento significativo del recaudo”, declaró el expresidente del SAE, quien dijo que en todo momento se certificó el respeto por los techos presupuestales.
Durante su escrito, el entonces máximo funcionario de esta organización aclaró que en el 2021 se duplicó el número de contratos de arrendamiento realizados, pasó de 603 a 1.583 y al cerrar el Gobierno a julio de 2022 se iba por la misma cifra.
“Estos contratos también incrementaron significativamente el valor del recaudo por arrendamiento en más de $40.000 mil millones de pesos”, expresó.