El Hecho: La Procuraduría General de la Nación abrió formalmente una indagación previa a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) por presuntas anomalías en contratación y decisiones directivas, centradas en la exfuncionaria de perfil asistencial Gabriela Muñoz Olaya.
¿Por qué es importante?: Busca esclarecer un supuesto tráfico de influencias, nombramientos irregulares de familiares y un salto exponencial en un convenio contractual que pasó de 400 millones a 12.000 millones de pesos.
¿Cuál es el contexto?: La investigación surge tras denuncias públicas sobre el inusual poder e influencia que habría ejercido la excolaboradora en reuniones estratégicas y la aparente omisión de informes requeridos por el Ministerio de Transporte.
¿A quiénes afecta y cómo?: Involucra a la cúpula administrativa de la Aerocivil, a la Secretaría General, y evalúa los antecedentes de personas vinculadas al entorno de la exfuncionaria, como Santiago David, Silvana María, Samuel y Daniel Felipe Muñoz, además de Narda Duperly Roa Ibarra.
El dato que no se puede perder: El ente de control investiga la presunta habilitación de jornadas en horarios no laborales para trámites contractuales y fijó un plazo de diez días hábiles para que la Aerocivil y el Ministerio de Transporte entreguen los informes y soportes documentales requeridos.
Un nuevo frente de tormenta institucional sacude a la Aeronáutica Civil (Aerocivil). La Procuraduría General de la Nación decidió abrir formalmente una indagación previa para esclarecer una serie de presuntas anomalías al interior de la entidad, centradas en la contratación pública, decisiones de alta gerencia y la supuesta injerencia indebida de una exfuncionaria de rango menor en asuntos directivos y nombramientos de su propio círculo familiar.
El detonante de esta actuación disciplinaria fueron las denuncias públicas y periodísticas que salpicaron a Gabriela Muñoz Olaya, quien se desempeñó en un cargo de perfil asistencial dentro de la institución. Las alarmas se encendieron ante indicios de que Muñoz habría ejercido un inusual poder e influencia en reuniones estratégicas y procesos de vinculación laboral, un escenario que ahora el Ministerio Público se encarga de desenmarañar.
Panorama general: Más allá de las fichas en la burocracia, el foco más sensible de la investigación apunta al manejo del presupuesto. La Procuraduría puso bajo el microscopio un convenio contractual celebrado en enero de este año que, en su origen, pactó una cifra cercana a los 400 millones de pesos. Lo llamativo del caso, y que hoy investiga el ente de control, es que dicho acuerdo sufrió modificaciones y adiciones sucesivas hasta dispararse vertiginosamente hasta los 12.000 millones de pesos.
A este incremento exponencial se suman dos hallazgos que agudizan las sospechas:
La presunta habilitación de jornadas en días y horarios no laborales para sacar adelante trámites contractuales.
La aparente omisión y desacato a un requerimiento que hizo en su momento la entonces ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien había exigido a la Aerocivil un informe transparente, íntegro y oportuno sobre su gestión en materia de prestación de servicios.
Escándalo en la Aerocivil: Procuraduría abre indagación por presunta injerencia de exfuncionaria y contratos
El expediente disciplinario detalla que el organismo de control buscará determinar si existieron torceduras a la ley en los procesos de ingreso a la Aerocivil de varias personas vinculadas con el entorno de la exfuncionaria.
La lupa recae específicamente sobre los antecedentes laborales de:
Santiago David Muñoz Olaya
Silvana María Muñoz Jaramillo
Samuel Muñoz Rayo
Daniel Felipe Arias Olaya
La propia Gabriela Muñoz Olaya
Asimismo, los investigadores evaluarán hasta qué punto la excolaboradora traspasó los límites de sus funciones asistenciales, inmiscuyéndose en dinámicas de poder y gestiones de alto nivel que le correspondían exclusivamente a directivos de la entidad.
Por qué es importante: Para armar el rompecabezas probatorio, la Procuraduría decretó una batería de diligencias documentales.
Por un lado, le exigió al Ministerio Transporte que entregue copias del llamado de atención que le hizo a la Aerocivil, así como un reporte técnico que detalle qué apartados de la información requerida fueron retenidos o entregados de forma incompleta.
Por el otro, emplazó a la propia Aerocivil para que certifique quiénes han estado al frente de la Secretaría General y de la coordinación del área administrativa desde el 1 de enero de 2025, además de remitir los datos e historial de la funcionaria Narda Duperly Roa Ibarra. Para cumplir con esta entrega, el Ministerio Público fijó un plazo perentorio de diez días hábiles.
Frente al aluvión de cuestionamientos, Gabriela Muñoz se pronunció a través de un comunicado oficial en el que rechazó tajantemente las acusaciones en su contra.
En su defensa, la exfuncionaria subrayó que su rol en la entidad fue siempre de carácter asistencial, desmintió enfáticamente los rumores sobre una supuesta fortuna o patrimonio personal valorado en 12.000 millones de pesos, y aseguró que jamás intercedió para conseguirle empleo a familiares ni participó en mesas de contratación. Muñoz reiteró que su actuación institucional es totalmente transparente y se declaró abierta a colaborar con cualquier organismo investigador para limpiar su nombre.