La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación previa para esclarecer posibles irregularidades en la adjudicación de un contrato por más de $5.500 millones otorgado por el Instituto Nacional de Vías (Invías) a la Agencia Afrocolombiana de Comunicaciones, una empresa cuya idoneidad y experiencia en proyectos de infraestructura vial está siendo cuestionada. El contrato tiene como objetivo la construcción de vías en el municipio de Necoclí, ubicado en el Urabá antioqueño, una región estratégica para el desarrollo de la infraestructura en el país.
Panorama general: Según la Procuraduría, la investigación se enfoca en determinar si los funcionarios de Invías que participaron en la adjudicación del contrato actuaron conforme a la normativa y si la empresa seleccionada cumplía con los requisitos técnicos necesarios para llevar a cabo las obras. Se señala que la empresa, cuya razón social está vinculada al sector de marketing, no parece contar con la experiencia ni la capacidad para ejecutar proyectos viales.
Procuraduría investiga posible irregularidad en contrato de $5.500 millones otorgado por Invías
Este proceso se intensificó debido a las denuncias que involucran al viceministro del Deporte, Manuel Palacios Blandón, quien presuntamente tendría vínculos con la agencia contratada. El concejal de Bogotá Daniel Briceño (Centro Democrático) fue quien reveló en redes sociales la relación entre Palacios y la empresa, argumentando que el viceministro habría sido parte de su junta directiva y también socio capitalista. Esta denuncia ha puesto en entredicho el proceso de adjudicación, que algunos consideran fue influenciado por intereses políticos.
Por qué es importante: Invías emitió un comunicado en el que desmintió las acusaciones de favoritismo o de haber entregado el contrato «a dedo». Aceptó, sin embargo, que la selección de la empresa se hizo mediante el mecanismo de contratación directa, lo cual, si bien legal, genera dudas sobre la transparencia del proceso. Además, el Invías aclaró que Palacios dejó de ser parte de la junta directiva de la agencia en 2021 y presentó un extracto de acta en el que se confirma que la presidencia estaba en manos de Digna Palacios, quien además está vinculada a otros miembros de la familia Palacios.
Con la apertura de la indagación, la Procuraduría busca esclarecer los hechos y determinar si efectivamente se cometieron irregularidades en la adjudicación del contrato. La indagación también tiene como objetivo identificar a los responsables, determinar si hubo alguna falta disciplinaria y entender las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habría llevado a cabo el proceso.
