En un nuevo capítulo sobre el futuro del Muelle 13 de Buenaventura, la Procuraduría General de la Nación ha solicitado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) levantar la suspensión de las operaciones portuarias impuesta el pasado 2 de enero. La medida fue decretada debido a presuntas irregularidades en el manejo ambiental, pero según la Procuraduría, esta decisión no estaría debidamente justificada.
La controversia del Muelle 13: impacto ambiental y debate legal
El Muelle 13 ha estado en el centro de la controversia en los últimos meses. A finales de 2023, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) revocó la prórroga de operación otorgada a Grupo Portuario S.A., una filial de Ventura Group, alegando inconsistencias en el contrato.
Sin embargo, dicha decisión fue revertida por el Tribunal Administrativo del Valle, que falló a favor del operador portuario.
A pesar de este fallo, la situación dio un giro inesperado cuando la Anla suspendió las operaciones del puerto, argumentando problemas graves en el manejo ambiental. Entre las irregularidades reportadas, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, destacó «insalubridad alarmante en el almacenamiento de granos en descomposición, un Plan de Manejo Ambiental (PMA) obsoleto, estaciones de monitoreo ambiental inoperativas y aguas estancadas».
La Procuraduría, tras realizar una visita administrativa al puerto, ha cuestionado la base legal y técnica de la medida de suspensión, señalando que la responsabilidad de las deficiencias ambientales no recae exclusivamente sobre el operador portuario.
Por un lado, la Anla mantiene su postura sobre la necesidad de suspender las operaciones debido a los riesgos ambientales detectados. En contraposición, la Procuraduría argumenta que la medida fue adoptada sin evidencia concluyente de un daño grave e irreversible al medio ambiente.
Según el Ministerio Público, el concepto técnico que sustentó la suspensión no consideró las acciones previas del Establecimiento Público Ambiental (EPA) de Buenaventura, que hasta ese momento era la autoridad ambiental competente.
Además, la Procuraduría señaló que la Anla asumió competencias que no le correspondían al intervenir directamente en un proceso previamente manejado por el EPA. «Se desconoce de manera tajante las actuaciones de la autoridad ambiental local, lo que genera un vacío jurídico en la toma de decisiones», puntualizó la entidad en su solicitud dirigida al director de la Anla, Rodrigo Elías Negret.
La suspensión de las operaciones del Muelle 13 no solo ha generado un debate técnico y jurídico, sino que también ha afectado a las comunidades locales. Mientras el operador portuario busca retomar la administración del puerto, el presidente Gustavo Petro ha manifestado su interés en que la gestión pase a manos de cooperativas de pescadores de la región.
Esta propuesta ha encontrado resistencia por parte del sector privado, que argumenta que se requiere experiencia técnica para operar un puerto de esta magnitud.
La paralización del puerto también ha impactado el comercio marítimo, aumentando los costos logísticos para exportadores e importadores que dependen de Buenaventura como principal puerta de entrada y salida de mercancías en el Pacífico colombiano.
El futuro del Muelle 13
Con esta solicitud de la Procuraduría, la decisión final queda en manos de la Anla. La controversia evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de regulación y supervisión ambiental, garantizando un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente.
Mientras tanto, los ojos del país permanecen sobre Buenaventura, un puerto estratégico cuyo manejo es clave para la economía nacional y el bienestar de las comunidades locales.
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