Procuraduría suspende a Juan Carlos Vila Franco, exjefe de Tecnologías de Información de ANH

La Procuraduría General de la Nación toma medidas contra la corrupción al suspender por 12 meses al exjefe de Tecnologías de Información de la ANH, señalando presuntas irregularidades contractuales y reforzando la rendición de cuentas en el sector público.

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La Procuraduría General de la Nación ha impuesto una sanción de suspensión por doce meses al exjefe de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Juan Carlos Vila Franco. La medida disciplinaria se fundamenta en la omisión de sus funciones como supervisor del contrato 481 de 2017, lo que resultó en la falta de verificación del cumplimiento del acuerdo con Mercado y Bolsa S.A.

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La sanción implica que Vila Franco, quien ya no ocupa el mencionado cargo, deberá cumplir una suspensión y pagar una multa equivalente a diez salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor del tesoro nacional.

¿Qué muestra la investigación de la Procuraduría sobre Juan Carlos Vila Franco?

La investigación del Ministerio Público reveló que el exjefe de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la ANH no supervisó adecuadamente el contrato suscrito con Mercado y Bolsa S.A. El acuerdo tenía como objetivo llevar a cabo operaciones a través de sistemas de negociación, en colaboración con la administración de la Bolsa Mercantil, con un soporte de tres años.

La Procuraduría constató que Vila Franco omitió verificar aspectos cruciales del contrato, como el cumplimiento de condiciones técnicas, plazos, previsiones pactadas y la transferencia de conocimiento. La omisión de estas responsabilidades profesionales fue considerada como una falta gravísima, calificada a título de culpa gravísima por el ente de control.

En la primera instancia del fallo, la Procuraduría Distrital de Juzgamiento también señaló que el exjefe de Tecnologías de la ANH transgredió los principios de moralidad, responsabilidad y transparencia en el ejercicio de sus funciones.

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La sanción impuesta destaca la importancia de la responsabilidad y supervisión adecuadas en el ámbito público, subrayando la obligación de los funcionarios de velar por el cumplimiento de los contratos y la transparencia en la gestión de recursos y acuerdos institucionales.

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