La Procuraduría General de la Nación inició una visita administrativa a las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, como parte de una actuación preventiva relacionada con la transición del modelo de expedición de pasaportes en Colombia.
Esta inspección se enmarca dentro de un ejercicio de vigilancia institucional solicitado el pasado 5 de marzo por la canciller Laura Sarabia, en medio del proceso de renovación del esquema contractual para la elaboración de este documento esencial.
“Estamos brindando todas las garantías para que el acompañamiento del Ministerio Público se desarrolle con total transparencia. Esta es una oportunidad para ratificar nuestro compromiso con la legalidad y la contratación pública responsable”, señalaron desde la Cancillería.
Procuraduría vigila el proceso de transición en la expedición de pasaportes
Panorama general: El debate sobre el futuro del contrato para la emisión de pasaportes ha estado cargado de tensiones al interior del Ejecutivo. Aunque Sarabia había anunciado que se extendería nuevamente el contrato con Thomas Greg & Sons, el presidente Gustavo Petro expresó su desacuerdo de forma tajante durante un consejo de ministros, señalando que no avalaría una nueva prórroga.
Este desacuerdo dejó en evidencia una pugna entre la Cancillería y la Casa de Nariño, justo cuando el país enfrenta el reto de garantizar la continuidad en la expedición de pasaportes sin afectar a los ciudadanos.
Frente a los cuestionamientos y preocupaciones ciudadanas sobre la posibilidad de que se agoten las libretas, el jefe del despacho presidencial, Alfredo Saade, aseguró que la transición hacia un nuevo operador ya está encaminada.
Según Saade, actualmente existe un convenio entre la Imprenta Nacional y la Unión Temporal Documentos de Viaje 2025 que asegura la producción de libretas para los próximos seis meses. El funcionario también defendió la capacidad operativa de la Imprenta, señalando que “está preparada para asumir la función”, pero que ha sido injustamente estigmatizada por lo que denominó “intereses corruptos”.
“Si llegamos a tener un problema con las libretas, la responsabilidad será de la Unión Temporal, no del Gobierno”, afirmó, dejando claro que la administración nacional busca blindarse ante posibles fallos en la cadena de suministro.
Comunicado de prensa sobre la visita administrativa de la @PGN_COL a las instalaciones de la Cancillería 👇 pic.twitter.com/96awiVR4ng
— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) July 7, 2025
Por qué es importante: La visita administrativa de la Procuraduría busca verificar que la implementación del nuevo modelo se ajuste a los principios legales y garantice una adecuada prestación del servicio. Esta actuación preventiva no implica necesariamente hallazgos disciplinarios, pero sí permite al ente de control intervenir de forma anticipada para evitar posibles irregularidades.
Analistas consultados han señalado que este tipo de vigilancia, aunque poco común, cobra especial relevancia en procesos de alta sensibilidad como este, en el que están en juego no solo recursos públicos, sino también la capacidad del Estado de responder a una necesidad ciudadana esencial.
A pesar de las garantías ofrecidas por el Gobierno, persisten dudas sobre lo que ocurrirá una vez se agoten las libretas disponibles. Las condiciones técnicas, logísticas y jurídicas para consolidar un nuevo modelo de contratación no han sido completamente esclarecidas, y el antecedente de disputas contractuales previas genera incertidumbre.
Lo que parece claro es que el proceso de cambio no será sencillo. Además del reto logístico, el Gobierno deberá sortear las críticas políticas y garantizar que no se repitan escenarios de desabastecimiento, como los vividos en otras áreas del Estado.