La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha actualizado sus proyecciones económicas globales, destacando un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial del 3,2% en 2024, con un ligero incremento al 3,3% para 2025 y manteniendo la misma cifra para 2026.
Proyecciones económicas y el impacto de la informalidad laboral en América Latina
Sin embargo, el informe conjunto de la OCDE, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) expone una problemática estructural en la región: los bajos niveles de productividad y su impacto en el mercado laboral, principalmente en la expansión del empleo informal.
Según el informe, el mercado laboral en América Latina y el Caribe ha mostrado un crecimiento mínimo en la última década. En 2022, la tasa de empleo para personas entre 15 y 64 años en la región se situó en 65,1%, apenas por encima del 64,4% registrado en 2012.
En comparación, el promedio de la OCDE fue del 69,3% en 2022, reflejando un crecimiento sustancial de 4,4 puntos porcentuales en la última década.
En términos de informalidad laboral, los países con mayores tasas en la región son Bolivia (83,7%), Guatemala (79,6%), Perú (74,4%), Ecuador (68,5%) y Paraguay (67,9%). Colombia figura en el séptimo puesto con una tasa superior al 55%, lo que refleja un desafío persistente en la estructuración del empleo formal.
En contraste, políticas fiscales eficaces han logrado reducir la informalidad a casi la mitad en países como Chile y Uruguay.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia informó que, en el trimestre móvil finalizado en julio de 2024, de los 23 millones de ocupados en el país, 12,8 millones trabajaban de manera informal.
Esto representa un incremento de 51.000 personas en comparación con el mismo período de 2023. En zonas rurales y poblados dispersos, la informalidad alcanzó un alarmante 84%.
La informalidad afecta tanto a hombres (55,9%) como a mujeres (55,4%), aunque en países con tasas particularmente elevadas, las mujeres tienen una mayor probabilidad de ocupar empleos sin beneficios laborales.
La precariedad laboral impacta la calidad de vida de los trabajadores y sus familias: en América Latina y el Caribe, el 64,9% de las personas viven en hogares donde al menos uno de los sustentadores tiene un empleo informal.
El informe enfatiza que la baja productividad laboral es uno de los factores clave detrás de la persistente informalidad. La productividad en la región equivale en promedio al 70% de la de Estados Unidos. Desde 1950, el crecimiento de la productividad en América Latina ha sido menor que en los países de la OCDE, con un promedio del 1,1% anual entre 1950 y 1975, en comparación con el 2,4% registrado en las economías avanzadas.
«La productividad y la informalidad están estrechamente relacionadas, ya que las empresas que generan empleo informal suelen ser menos innovadoras y menos eficientes», explicó Alexander Fragoso, analista laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Otro factor señalado en el informe es la debilidad del sistema financiero en la región. Un acceso limitado al crédito impide que las empresas más productivas se expandan, ya que muchas veces la supervivencia de los negocios no depende de su eficiencia, sino de su capacidad para sortear problemas de liquidez.
Según el estudio, si los países de la región adoptaran las mejores prácticas financieras, podrían lograr un aumento de productividad de hasta el 18%.
Aunque las perspectivas económicas muestran un ligero optimismo en términos de crecimiento del PIB, América Latina enfrenta desafíos estructurales profundos en su mercado laboral. La alta informalidad y la baja productividad siguen siendo obstáculos para el desarrollo sostenible de la región.
Implementar políticas públicas efectivas que fomenten la formalización del empleo y mejoren la eficiencia productiva será clave para impulsar un crecimiento más equitativo y sostenido en el futuro.
Lea también:Proyecto de ley sobre el porte de armas en Colombia: ¿es la respuesta a la inseguridad?