En mayo de 2021, una bebé intubada murió dentro de una ambulancia que no pudo cruzar un bloqueo en La Delfina, en la vía entre Buenaventura y Cali. La médica que la acompañaba contó que les pidieron hacer transbordo, algo imposible con una paciente en ese estado. Ese mismo mes, la Secretaría de Salud del Valle contaba 123 agresiones a la misión médica en medio del paro, 49 de ellas contra ambulancias. Semanas antes, en Soacha, el capitán de la Policía Jesús Alberto Solano murió apuñalado cuando, según la Fiscalía, intentaba evitar un saqueo.
Colombia tiene el registro de lo que ocurrió en esas jornadas. Y precisamente por eso vale la pena decir con claridad lo que defendemos en 360 Radio: la protesta es un derecho constitucional, es bienvenida y debe seguir contando con todas las garantías del Estado. Lo que no es un derecho es secuestrar una ciudad.
La falsa idea de que sin caos no hay protesta
Durante años, un sector político instaló en el país una narrativa peligrosa: que si no hay molestia, si no hay colapso, no hay protesta. Lo han dicho abiertamente algunos de quienes participan en las movilizaciones. El resultado lo conocen millones de colombianos que no marchan. Son los trabajadores que llegan a su casa a medianoche porque bloquearon las estaciones de TransMilenio. Son los comerciantes que ven destruido su negocio, las ciudades que pierden semáforos, buses y monumentos, y los enfermos que no llegan al hospital. El derecho de unos terminó convertido en castigo para todos los demás.
El Decreto 003 de 2021 quiso proteger la protesta pacífica y cumplió una función. Pero dejó a las autoridades sin reglas precisas para actuar frente a la violencia, y esa ambigüedad la pagaron los ciudadanos.
Lo que corrige el decreto
La reforma que impulsa el ministro del Interior, Rodrigo Lara, pone las cosas en su lugar. Define qué es protesta violenta. Fija causales verificables para dar por agotado el diálogo, como impedir el paso de ambulancias, portar armas o destruir infraestructura, y establece cinco niveles de respuesta. Crea corredores solidarios para que ambulancias, bomberos, niños, mujeres gestantes y adultos mayores no queden atrapados. Y acaba con la idea de que se pueden bloquear de forma permanente una carretera o un carril de TransMilenio. También permite que la fuerza pública actúe contra quien agrede o destruye sin disolver la marcha de quienes protestan en paz.
Conviene leer igualmente lo que el texto preserva. Según el borrador conocido, las marchas se presumen pacíficas, no requieren permiso previo y la Policía sigue sin poder usar armas de fuego. “Ni un derecho menos para la protesta pacífica. Ni un espacio más para la violencia”, resumió Lara. Es exactamente el equilibrio que el país necesitaba, y lo respaldamos sin reservas.
Un estatuto para enfrentar al terrorismo de hoy
La segunda reforma es el estatuto antiterrorista, que el Ministerio del Interior construye con Justicia y Defensa y que el Consejo de Política Criminal revisará el jueves 15. Parte de un diagnóstico difícil de rebatir: las normas vigentes tienen cerca de 25 años y no contemplan drones con explosivos, nuevas formas de extorsión ni la minería criminal como fuente de financiación. El proyecto, de más de 130 artículos, crea un Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas y permite congelar sus fondos e impedirles contratar con el Estado. También endurece penas, crea un régimen especial para los cabecillas y ofrece una salida a los grupos que se sometan a la justicia.
Lara lo ha dicho con sencillez: quien lanza granadas, ataca con drones o siembra minas debe ser tratado como terrorista, se llame como se llame. Tiene razón. Y es acertado que el estatuto incluya el nuevo delito de gran minería criminal. Hace pocos días, el ministro sobrevoló las minas ilegales del Baudó, en el Chocó, donde el oro financia a las mismas estructuras que siembran terror. A la par, el Gobierno respalda un proyecto para formalizar a los pequeños mineros, con la condición de eliminar el mercurio. Es la combinación correcta: mano firme con el crimen y una puerta abierta a la legalidad para quien vive honradamente de la minería.
Firmeza que perdure
Respaldamos ambas reformas, y por eso mismo queremos que duren. Un decreto lo puede derogar el próximo gobierno, y la Corte Constitucional ya advirtió en 2017 que las reglas esenciales del derecho de reunión deben tener rango de ley estatutaria. Llevar los pilares del nuevo protocolo al Congreso los blindaría. Lo mismo vale para el estatuto: un registro con reglas claras de entrada y de salida, con derecho de defensa y control judicial, será mucho más difícil de tumbar y mucho más eficaz contra quienes de verdad deben temerle.
Este miércoles hay marchas convocadas y en el Cauca avanza una movilización indígena. Serán la primera prueba de las nuevas reglas. Ojalá sean multitudinarias, ruidosas y pacíficas. Esa es la protesta que la democracia protege. La otra, la que bloquea, destruye y mata, nunca debió confundirse con un derecho.
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