De una manera contundente y con muchísima fuerza, los defensores a ultranza de las políticas y las decisiones que derivan de ella en materia laboral y, si se quiere, económica de países
Han dicho que las empresas que no tengan la capacidad de soportar este nuevo régimen de cambios de regulaciones y aumentos deberían cerrar porque no son empresas realmente y que sería bueno que se fuera depurando, que si se quiere el tejido empresarial colombiano, porque hay unas empresas para ellos “malas” que no son capaces de acarrear todos estos nuevos cambios.
Irónicamente , quisiéramos creer que es por desconocimiento y no porque tengan realmente un plan de destrucción empresarial. Dicen que en Colombia hay monopolios, oligopolios, que no hay oportunidades, que no hay empleos, que la gente debe irse y que aquí no hay cómo progresar.
Nosotros nos preguntamos si cerrando empresas es el camino más expedito para que un país prospere y para que la gente crezca, y peor se pone el panorama cuando las empresas que están cerrando son en su inmensa mayoría micro, pequeñas y medianas empresas.
Las empresas más grandes del país, que son pocas si las comparamos a nivel regional, seguramente no tienen muchos problemas en adaptarse a las realidades que el Estado establezca, incluso pagar salarios mínimos en los que todavía se paguen mucho más altos.
El problema es que hay muy pocas empresas para todos los colombianos que buscan empleo y más del 70% de las compañías en Colombia son micro, pequeñas y medianas empresas, y una de cada tres empresas solo sobrevive luego de cinco años de que son creadas.
Entonces, personas que nunca han creado un empleo, mucho menos se han creado una empresa, ni siquiera han trabajado en la empresa privada, dicen tajantemente, pues qué sencillo, que cierren esos chuzos, cierren esas empresas porque si no son capaces de hacer lo que nosotros creemos que es correcto, pues no deben seguir funcionando.
Consideramos que todo el conjunto de decisiones, de declaraciones, de calificativos que se producen en el marco de estos debates son demasiado egoístas, son peyorativos, son de un tamaño de irresponsabilidad gigantesco, sobre todo con las regiones más apartadas del país.
No nos detengamos en Bogotá, en Medellín y Cali, ni siquiera en Barranquilla; hablemos de la Costa Pacífica, de nuestra frontera con Venezuela, de más de 740 municipios que tienen reales problemas económicos y sociales en donde la gente tiene que emigrar a los centros urbanos. Allá no hay salario mínimo, allá no hay pensiones, mucho menos salud, tampoco hay grandes empresas.
Pero la gente de oficinas frías en Bogotá sigue viendo el país como si se tratara de una decisión entre Chapinero, Usaquén y Teusaquillo.
Nos hacemos del lado de los empresarios, de cada uno de los empresarios que hay en Colombia, sin importar su tamaño, desde el más pequeño que genera dos o tres empleos hasta los que generan miles de empleos. Hacer empresa en Colombia es un acto de valor, si se quiere de masoquismo, en un país con semejante nivel de impuestos, de los más altos de todo el continente, con semejante legislación adversa a la empresa privada.
Básicamente, esas últimas decisiones, lo último que hacen, es herir de muerte a una economía ya muy malherida, muy frágil, en donde veremos las consecuencias en los próximos meses y quienes tomaron las decisiones, como siempre, se las adjudicarán a otros factores o fenómenos.
Lea también: Perdimos el año en seguridad