El Gobierno no puede seguir concentrando sus esfuerzos en otorgar más subsidios y ayudas a quienes han estado subsidiados toda la vida. Acá la atención del Estado no puede ser bajo esquemas de estratificación que hoy están divorciados de la realidad del país.
Por: Andrés Felipe Gaviria
Sí, inconcebible e increíblemente el Estado colombiano sigue fijándose o basándose en los estratos para determinar el nivel y la calidad de vida de los ciudadanos del país.
El Gobierno Nacional se sorprendería si supiera que actualmente los estratos están mandados a recoger y que esta clasificación no refleja la situación cotidiana de las personas.
Hoy existen más colombianos en los estratos 2 y 3 que tienen más ayudas, propiedades y rentabilidades que algunos ubicados en estratos 4, 5 y 6.
Por más loco que parezca es la realidad y este fenómeno se da sobre todo en el estrato 3, en donde si bien hay algunas personas que no pueden cambiar de residencia por razones sociales, familiares o mentales, hay otras que no lo han hecho por negocio.
Ellos saben que dejar los estratos 2 o 3 les acarrearía más gastos, ya que dejarían de recibir el subsidio de los servicios públicos, no podrían seguir enviando al colegio a sus hijos sin pagar un centavo y ya no les llegarían muchos de los auxilios que brinda el Gobierno hoy día.
Si el Estado colombiano tuviera una eficiencia fiscal real, efectiva, directa y transparente, se darían cuenta de la cantidad de personas que actualmente están en estratos que son blanco de subsidios, programas sociales, gratuidad y exenciones.
Cuando se enteren que muchas de estas personas tienen 2 o 3 propiedades, carros, registros de inversiones y hasta fincas de recreo, van a hacer ‘plop’ como Condorito.
Sin embargo, este no será el punto del que me ocupe en esta columna, porque lo cierto es que esta tenía que ser la primera vez en la historia del país que el Estado colombiano debía estar velando para que las empresas no colapsaran, especialmente las PyMEs.
El Estado sabe que el mayor problema de esta categoría de empresas es que no tienen gran flujo de caja; no tienen ahorros; viven con una bombona de oxígeno mes a mes por cuenta de las ventas que realizan día a día, y lo peor de todo, es que siguen siendo víctimas de muchas empresas grandes que les siguen pagando a 60 o 90 días.
Esto sin lugar a duda constituye un problema gigantesco y un virus para cada una de las empresas, porque esto les carcome sus finanzas, su estabilidad y si la situación continúa así, las van a llevar a cerrar o a que despidan los 2, 3, 4, 5, 6, 8 o 15 empleos que generan. Esto sería nefasto.
Aunque esas empresas no tengan asiento en la Andi o en las reuniones que cita el presidente de la República, así muchos no lo crean, estas empresas generan más del 70% de empleo en nuestro país.
Increíblemente eso es lo que generan, pero pareciera que parte del Gobierno creyera que el país puede darse el lujo de vivir sin ellas y que el país solamente está representado en las 10, 15 o 20 personas que el Gobierno Nacional cita cuando necesita hablar de economía, negocios, empleos e impuestos.
Hoy estamos asistiendo a un modelo casi perverso como el que tiene España, en donde se ha prohibido que se despidan a los empleados, así como así, sin importar cuál sea la realidad de las empresas.
Además, mientras en algunos países las tasas de interés van a niveles cercanos al 0%, e incluso, pueden estar negativas, en Colombia pese a las rebajas que ha hecho el Banco de la República en 50 puntos de tasas de interés, los bancos siguen poniéndole talanquera, trabas y miles de condiciones a las PyMEs para acceder a créditos.
Se les olvidó que el presidente Duque dijo que se deben hacer todos los esfuerzos para garantizar que las empresas puedan pagar nóminas. Y sí, ni los bancos estatales, mucho menos los privados, le están sirviendo a las PyMEs.
El panorama es peor si miramos el caso de los independientes, es decir, de quien trabaja en una peluquería, de quien lava un carro o de la persona que trabaja en el sector de software, por mencionar algunos ejemplos, quienes viven de su trabajo día a día y no tienen una estabilidad laboral, pues la mayoría de sus contratos son por servicios u obra.
Estos son quienes no han podido seguir teniendo una vida normal, porque sus contratos han sido suspendidos, cancelados o simplemente no están vendiendo nada.
Entonces, estas personas no son tan pobres para poder recibir una ayuda por parten del Gobierno, pero tampoco son tan ricos como para vivir con calma una tormenta de estas. Mejor dicho, quedaron en el limbo.
El llamado mío al Estado es para que repiense, reconsidere y reflexione cómo está manejando la tensión en esta crisis. No es un asunto de estratos, de pobres y ricos; es un asunto de que, si se cuida y se salva a las empresas, se están protegiendo empleos.
Si la tónica va a seguir concentrando todas las ayudas en subsidiar a los que han estado subsidiados toda la vida, tendremos a un Estado completamente responsable del descalabro de la economía del país, sin empresas, con millones de desempleos y con los bancos a reventar de sus utilidades, sin haber tenido la responsabilidad que exige este momento de la historia.