Imagínese la escena: una guarnición militar en el Cauca, una región que durante décadas solo vio llegar al Estado en forma de tropa y de ataúd, sirviendo de escenario para que un presidente jure la Constitución rodeado de los soldados que sostuvieron la soberanía allí cuando nadie más quería hacerlo. Esa es la imagen que Abelardo de la Espriella quiere para el 7 de agosto, en lugar de la solemnidad de siempre en la Plaza de Bolívar. Y esa imagen, que debería ser motivo de orgullo nacional, se ha convertido en las últimas semanas en un pleito de procedimiento que ha ocupado más titulares que la propia sustancia del gesto.
Repasemos los hechos, porque en este debate los hechos importan más que las alarmas. El presidente electo pidió al Congreso autorizar que su posesión se realice en una guarnición militar en el sur del país, como tributo a las Fuerzas Militares. El Senado, en plenaria, aprobó con 55 votos a favor y 32 en contra el traslado de la sede al departamento del Cauca, aunque todavía falta precisar el municipio exacto y resolver si el acto se hará dentro de una instalación castrense. La Cámara de Representantes debe pronunciarse la próxima semana. Es decir: nada de esto ha ocurrido por decreto, por capricho presidencial o por la fuerza. Ha ocurrido, paso a paso, exactamente como lo exige la Ley 5 de 1992, que establece que el Capitolio Nacional es la sede del Congreso, pero permite trasladarla mediante acuerdo de ambas corporaciones. Ese acuerdo es, precisamente, lo que se está tramitando.
Aquí está el punto que muchos han querido pasar por alto: la Constitución exige que el presidente se posesione ante el Congreso. No exige que sea en Bogotá, ni en un edificio específico, ni bajo una escenografía particular. Exige un procedimiento, unas mayorías, un acompañamiento del poder legislativo. Y ese procedimiento es, exactamente, el que Abelardo de la Espriella está siguiendo. No pidió que un decreto presidencial cambiara la sede. No amenazó con posesionarse por su cuenta si el Congreso decía que no. Sometió su deseo al órgano que la ley designa como árbitro, y ese órgano, con el debate abierto y los votos contados, está decidiendo. Si eso no es respetar las reglas del juego democrático, no sé qué otra cosa lo sería.
Las objeciones que se han levantado, el senador Rafael Nieto advirtiendo sobre el riesgo, o Jennifer Pedraza hablando de «rencillas» y de contaminar el carácter apolítico de la fuerza pública, merecen respeto, pero no resisten un examen frío. Rendir homenaje a una institución no es lo mismo que politizarla. Los soldados que reciban al nuevo presidente en esa guarnición seguirán respondiendo al mismo mando civil, a la misma Constitución, al mismo Estado de derecho, sin importar en qué tarima se pare el jefe de Estado para jurar. El verdadero riesgo para el carácter apolítico de las Fuerzas Armadas no está en el lugar de una ceremonia protocolaria; está en usarlas para desconocer resultados electorales o en pedirles lealtad a un proyecto político por encima de la Constitución. Nada de eso está sobre la mesa aquí.
Lo que sí está sobre la mesa es un país que lleva demasiado tiempo tratando el sur, el Cauca, sus veredas, sus soldados, sus comunidades, como territorio de paso y de guerra, nunca como escenario de un acto solemne del Estado. Que un presidente electo, con el respaldo mayoritario del Senado, decida que la posesión más importante de su gobierno ocurra precisamente ahí, entre uniformados que han puesto el cuerpo por una soberanía que muchas veces solo existió en el papel, no debería generar escándalo. Debería generar, si acaso, la pregunta de por qué no se había hecho antes.
De la Espriella mismo lo resumió sin rodeos: se va a posesionar como presidente, no como dictador. Y tiene razón en distinguir las dos cosas, porque la diferencia no está en el paisaje detrás de la tarima, sino en si el poder se ejerce dentro o fuera de la ley. Un presidente que se posesiona en una plaza pública siguiendo un trámite legislativo impecable no amenaza nada. Un presidente que ignora al Congreso, que gobierna por decreto, que desconoce a los jueces o que insiste en un fraude electoral que su propia demanda no logra probar, como hemos discutido en este mismo espacio esta semana, sí representa un riesgo institucional real. Conviene no confundir el ruido simbólico con el peligro efectivo.
La tesis de este editorial es sencilla y, creemos, difícil de rebatir: mientras el presidente respete las normas vigentes dispuestas para el procedimiento de su posesión, y hasta ahora las ha respetado con creces, sometiéndose al Congreso en cada paso, debería poder posesionarse donde bien le plazca. Y si ese lugar es una guarnición militar en el Cauca, para rendirle homenaje a quienes han defendido con sangre la presencia del Estado en el territorio más golpeado por la violencia, con más razón todavía. Colombia tiene debates institucionales genuinamente urgentes esta semana. Este no debería ser uno de ellos.