El panorama de la transparencia en Colombia enfrenta un nuevo ciclo de sombras. Según el más reciente informe del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, publicado por Transparencia Internacional, el país obtuvo una calificación de 37 puntos sobre 100, una cifra que enciende las alarmas de expertos y organismos de control al consolidar una tendencia de retroceso que no se veía en la última década.
Aunque el dato de los 37 puntos posiciona a Colombia como el quinto país menos corrupto de América Latina, esta medalla de bronce regional es agridulce. El país solo es superado en integridad percibida por Uruguay (73 puntos), Chile (63), Costa Rica (56) y Cuba (40). Sin embargo, el análisis profundo revela una realidad más cruda: la nación cafetera descendió siete posiciones en el escalafón mundial, situándose ahora en la casilla 99 de 182 naciones evaluadas.
Colombia la quinta nación más transparente de la región
El informe, que funciona como el termómetro global más respetado sobre la corrupción en el sector público, muestra que Colombia perdió dos puntos respecto al año anterior y tres frente a su pico máximo de 40 puntos alcanzado en 2023. Para los analistas, este estancamiento por debajo de la barrera de los 50 puntos el umbral de «aprobado» en transparencia indica problemas estructurales que las administraciones recientes no han logrado mitigar.
El descenso en la percepción ciudadana y de expertos no es gratuito. El reporte asocia esta caída a diversos factores que han marcado la agenda nacional en el último año: Escándalos de alto impacto: La persistencia de controversias relacionadas con la gestión de recursos en entidades clave y cuestionamientos en los círculos cercanos al Ejecutivo han minado la confianza. Debilidad institucional: La falta de una política pública anticorrupción que sea sostenible más allá de los discursos de campaña.
Presión sobre los contrapesos: Las tensiones con el sistema judicial y la independencia de los organismos de control también han sido factores determinantes para los evaluadores internacionales. A nivel regional, el promedio de las Américas se sitúa en 42 puntos, lo que deja a Colombia cinco puntos por debajo de la media continental. Mientras que vecinos como Venezuela (10 puntos) y Nicaragua (14 puntos) se hunden en el sótano del índice debido a la cooptación total del Estado por parte de redes corruptas, Colombia se mantiene en una «zona gris». Comparativamente, el país supera a gigantes regionales como Brasil (34) y Argentina (37) con quien empata en puntaje pero difiere en ranking por decimales—, pero se encuentra a una distancia abismal de las democracias más sólidas como Uruguay.
Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, ha enfatizado que el país no puede conformarse con ser «el menos malo» de una región golpeada por la deshonestidad. El reto para el cierre del cuatrienio gubernamental será transformar la retórica de cambio en resultados tangibles: sanciones efectivas, transparencia total en la contratación pública y un blindaje real contra la captura del Estado por parte de intereses privados e ilegales. El 2026 inicia así con un desafío mayúsculo para la institucionalidad colombiana: frenar la hemorragia de puntos en el IPC para evitar que el país siga deslizándose hacia la irrelevancia en los estándares internacionales de buen gobierno.
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