En septiembre, al analizar el acercamiento de Colombia al Fondo Monetario Internacional, advertí que conseguir nuevas fuentes de financiación no resolvía por sí solo los desequilibrios de las finanzas públicas. Hoy, con la Ley de Rescate Económico en discusión, el país enfrenta una pregunta más amplia: cómo corregir el déficit fiscal sin comprometer las condiciones necesarias para recuperar el crecimiento.
Las cifras muestran la dimensión del desafío. El Presupuesto General de la Nación para 2027 asciende a $634,9 billones. De ellos, $391,38 billones corresponden a funcionamiento, $155,43 billones al servicio de la deuda y apenas $88,14 billones a inversión. En otras palabras, cerca de una cuarta parte del presupuesto se destinará al pago de intereses y amortizaciones, mientras la inversión representará menos del 14 %.[1]
La presión sobre las finanzas públicas también se refleja en el recaudo. Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), a agosto de 2026 el déficit fiscal acumulado alcanzaba el 4,7 % del PIB, mientras el pago de intereses equivalía al 27,8 % de los ingresos tributarios. Son recursos que reducen el margen para atender nuevas prioridades y evidencian la necesidad de un ajuste que vaya más allá de soluciones transitorias.[2]
A este escenario se suma una política monetaria restrictiva. En septiembre, el Banco de la República incrementó su tasa de intervención al 12,25 % y en octubre decidió mantenerla. La inflación anual alcanzó el 6,3 % en octubre, frente a una meta del 3 %. El equipo técnico del Emisor proyecta una inflación del 7,1 % al cierre de 2026 y del 4,8 % para 2027.[3] La combinación de inflación persistente, tasas elevadas y presiones fiscales limita el margen para estimular la actividad económica y encarece las condiciones de financiación.
En ese contexto, la Ley de Rescate plantea una estrategia que, según Hacienda, mejoraría el balance primario en 2,39 puntos del PIB durante 2027 y en 4,73 puntos hacia 2030. El Gobierno estima que cerca del 70 % del ajuste provendría de medidas asociadas al gasto. Sin embargo, una parte de ese esfuerzo corresponde a mayores cotizaciones y aportes para financiar la seguridad social. La distinción importa: trasladar obligaciones desde el presupuesto nacional hacia empresas y trabajadores puede mejorar las cuentas del Gobierno central, pero no necesariamente reducir el costo económico del Estado.[4]
La discusión sobre el IVA introduce otra incertidumbre. El proyecto original estimaba un recaudo neto promedio de $25,5 billones anuales entre 2028 y 2030 por el conjunto de medidas relacionadas con este impuesto. El reciente anuncio presidencial de no imponer nuevas cargas sobre la canasta familiar y estudiar una reducción de la tarifa general modifica los supuestos iniciales. La decisión exige cuantificar nuevamente el recaudo esperado y precisar con qué medidas se compensaría su eventual reducción.[5]
Hay además un componente territorial que no puede quedar por fuera. La reforma constitucional al Sistema General de Participaciones contempla una transición hacia transferencias equivalentes al 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación, condicionada a una ley de competencias. Este proceso obliga a examinar simultáneamente la distribución de recursos y responsabilidades entre la Nación y los territorios. De lo contrario, existe el riesgo de trasladar presiones fiscales sin resolver los problemas de eficiencia y capacidad institucional que afectan la prestación de los servicios públicos.[6]
Pero el debate más importante sigue siendo el crecimiento. El Banco de la República proyecta una expansión económica de apenas 1,7 % para 2027. A septiembre de 2026, la tasa de desempleo nacional se ubicaba en 8,0 %. Y aunque los indicadores sociales de 2025 mostraron avances, la pobreza monetaria extrema todavía afectaba al 9,6 % de la población y la pobreza multidimensional al 9,9 %, con una incidencia del 22,4 % en las zonas rurales.[7]
Estas variables no son independientes del problema fiscal. La inversión productiva, el empleo formal y la productividad determinan la capacidad futura de generación de ingresos y, por tanto, de recaudo tributario. En este sentido, la propuesta de reducir gradualmente el impuesto de renta empresarial debe evaluarse junto con las disposiciones que podrían elevar los costos laborales. Lo relevante no es solamente cuánto recauda el Estado en el corto plazo, sino qué condiciones crea para ampliar su base económica en los próximos años.[8]
Colombia necesita un ajuste fiscal, pero también necesita recuperar una senda de crecimiento que haga sostenible ese esfuerzo. La discusión no debería agotarse en cuánto recortar o qué impuestos modificar. Debe demostrar que las medidas estabilizarán la deuda, preservarán la inversión pública necesaria, fortalecerán las capacidades territoriales y favorecerán la creación de empleo.
Como señalé en mi análisis sobre el FMI, el financiamiento puede dar tiempo, pero no corrige por sí mismo los desequilibrios estructurales. La Ley de Rescate enfrenta ahora una prueba adicional: demostrar que la disciplina fiscal y el crecimiento económico pueden formar parte de una misma estrategia, y que la estabilidad del Estado no dependerá indefinidamente de aumentar la carga tributaria sobre una economía que necesita expandirse.
Notas y fuentes
[1] Composición del Presupuesto General de la Nación 2027. Ministerio de Hacienda, 22 de octubre de 2026. Presupuesto expedido mediante Decreto 1599 de 2026. El servicio de la deuda incluye intereses y amortización de capital, por lo que no debe confundirse con el gasto exclusivo por intereses. Fuente oficial.
[2] Déficit fiscal y costo de intereses. Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Comunicado 40, Seguimiento fiscal de octubre de 2026, cifras acumuladas a agosto. El 27,8 % relaciona el gasto por intereses con los ingresos tributarios del mismo periodo. Documento CARF.
[3] Política monetaria e inflación. Banco de la República, comunicados de la Junta Directiva del 30 de septiembre y del 30 de octubre de 2026; Informe de Política Monetaria, octubre de 2026, publicado el 4 de noviembre. DANE, IPC de octubre de 2026, publicado el 9 de noviembre. Las proyecciones de inflación pertenecen al equipo técnico del Banco y no constituyen resultados observados. Informe BanRep | Boletín DANE.
[4] Impacto fiscal de la estrategia. Ministerio de Hacienda, Gaceta del Congreso 1717 de 2026, exposición de motivos del Proyecto de Ley 477 de 2026, tabla 14, página 104. Las cifras de 2,39 y 4,73 puntos del PIB incluyen la estrategia completa de consolidación fiscal, no exclusivamente las medidas contenidas en el proyecto. Gaceta 1717.
[5] Recaudo por IVA y modificación anunciada. Ministerio de Hacienda, Gaceta 1717 de 2026, tabla 10, página 51. La estimación de $25,5 billones corresponde al conjunto de medidas sobre IVA, neto del costo previsto de devoluciones. No puede atribuirse exclusivamente a los bienes de la canasta familiar. Presidencia de la República, declaración del 15 de noviembre de 2026. Anuncio oficial.
[6] Descentralización y transferencias. Acto Legislativo 03 del 27 de diciembre de 2024, artículos 356 y 357 de la Constitución. Establece una transición de doce años hacia el 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación, a partir de la ley orgánica de competencias, sin comenzar antes de 2027. No implica que el porcentaje entre automáticamente en vigor en 2027. Texto normativo.
[7] Crecimiento, empleo y pobreza. Banco de la República, Informe de Política Monetaria, octubre de 2026, pronóstico de crecimiento real para 2027. DANE, GEIH de septiembre de 2026; resultados de pobreza monetaria y multidimensional de 2025. La pobreza extrema citada es monetaria; el indicador multidimensional es diferente y mide privaciones en condiciones de vida. Empleo DANE | Pobreza multidimensional.
[8] Impuesto de renta y costos laborales. Proyecto de Ley 477 de 2026, artículos relativos a renta empresarial, aportes patronales y cotizaciones a salud. Propone reducir la tarifa general de renta de sociedades del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028. Estos cambios no están aprobados. Texto legislativo y seguimiento.
Por: Andrés David Rico Salazar – @AndresDRico
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