Hemos tenido más de 12 reformas tributarias en los últimos 20 años en Colombia, lo cual solamente demuestra una irresponsabilidad gigantesca y una inestabilidad jurídica que solo origina miedo e inseguridad para los inversionistas, tanto locales como extranjeros, y por mediocridad y temor político no hacemos lo correcto.
Por: Andrés Felipe Gaviria
En la vida priman tanto los deberes como los derechos, pero los deberes, especialmente en Colombia, parece que prevalecen sobre los derechos. Por eso, cuando los ciudadanos exigen el cumplimiento de estos últimos, con justa causa, se les olvida, primero, que nada es gratis y, segundo, que el estado no tiene dinero per se en una bodega, sino que el estado es de todos, porque en realidad el estado somos todos los colombianos y, más allá de eso, olvidan que en la ecuación la empresa es el elemento más importante entre los factores que la componen.
Si bien el estado es necesario, uno tan grande como el colombiano no lo es. Necesitamos un estado, compacto, preciso, justo y eficiente, que se encargue de unas ramas como la legislativa, la ejecutiva y la judicial, no más. Necesitamos una empresa, que, como lo decía, dentro de la ecuación son las que generan empleo y riqueza. Las empresas no son ni ONG’s ni organismos de caridad, pero son las únicas que generan valor a una sociedad.
Y, como la vida, funcionan a través de incentivos, de atracciones, de comodidades y de la estabilidad que se les brinde. En este sentido, si tenemos un estado que constantemente está legislando y atacando de manera directa o indirecta a la empresa, amenazando su capacidad de generar riqueza, vamos a estar aislados del mundo y, fuera de eso, vamos a tener, lastimosamente, un futuro muy cercano lleno de pobreza, inflación y asistencialismo.
Colombia, como cualquier otro país, tiene que comportarse bajo unos criterios de equidad, de responsabilidad y de progresividad, pero también adopta el comportamiento de una familia o de una empresa. Así, ninguna familia o ninguna empresa soportarían que solo el 30 % de las personas aporten a la creación de valor y a los cimientos financieros de sus integrantes, mientras que el 70 % actúa como un observador, que recibe y recibe, pero no da nada. Primero, porque se rige bajo la pereza y, segundo, porque solo critica cuando le piden aportar.
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Ahora, ¿en qué estamos claros? En que en Colombia, lo justo y necesario, pero impopular es que todos los colombianos que tengan un empleo formal y devenguen un salario, paguen un impuesto de renta al año, que es un tributo directo, que tiene que ser progresivo y diferencial. No habría ni siquiera que explicarlo, pero como en Colombia hay que explicar que declarar renta no es pagar, tocará hacerlo con plastilina.
Más allá de esto, este impuesto genera sentido de pertenencia, estabilidad financiera de largo plazo y empodera al ciudadano como fiscalizador y como persona activa, no solo porque le aporta al estado, sino porque contribuye a la riqueza del mismo.
Igualmente sucede con las empresas y, también, para determinados sectores podrían existir ciertos incentivos y regímenes especiales para focalizar y promover producciones especiales, pero todos tendrían que pagar impuestos planos según su categoría de ventas. Por ejemplo, el IVA tendría que ser un impuesto diferencial, se podría establecer uno del 7 %, otro del 10 % y uno más del 13 %, pero que absolutamente todos los productos tengan IVA y que no se le devuelva a nadie, ni a ricos ni a pobres.
Además de esto, los programas sociales del gobierno que, si bien deben existir, no deberían crecer con el tiempo. La idea es que estos atiendan situaciones de forma temporal. Si tenemos que crear programas socialistas cada año para sostener a más y más ciudadanos, que han estado muy cómodos con los subsidios que se les entrega, hay que buscar un camino para avanzar.
Por esto, se debe construir un estado con un mínimo de exenciones, con impuestos más planos, prácticos y entendibles, con responsabilidad ciudadana a nivel contributivo y con reformas que duren por lo menos 10 años, que den estabilidad al mercado y a los principales sectores productivos.
Una de las principales vagabunderías que se tienen que acabar en Colombia son las pensiones altas, estas tienen que dejar de existir, al menos las que están en el régimen de Colpensiones, que son las que reciben miles de millones de pesos por parte del Gobierno Nacional. Son injustas y son un desangre para las arcas públicas, son un barril sin fondo porque cada año el estado tiene que destinar más y más millones para cubrirlas, lo que es inconcebible, irresponsable e injusto y un lujo que Colombia no puede darse.
Llegó la hora de tomar decisiones responsables y apartarnos del populismo, de la demagogia, de lo que le gusta al público. Si no queremos reformas tributarias cada año, que generan inestabilidad y nos conducen a la pobreza, porque las empresas se van, porque contratar empleados es costoso y porque la corrupción en Colombia se lleva más de 40 billones de pesos al año, es una decisión que debe tomarse.
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El error es que el estado cree que sus ciudadanos son ricos porque tienen una casa, un carro y un smartphone. Estamos muy lejos del camino del éxito. Hay que crear riqueza, hay que apostar por la riqueza. No le podemos quitar la riqueza a los ricos para dársela a los pobres, eso hace el socialismo: ponernos a todos por debajo, al mismo nivel.
A más ricos, más empresas; a más incentivos, más inversión; a más facilidad tributaria, menos evasión. Hay que establecer reglas claras para todos. No alimentemos vagos que viven de los subsidios del gobierno y que renuncian a contratos formales para no perderlos. Esta propuesta no es popular, pero es responsable y tenemos que avanzar es en ese camino.