¿Por qué es tan difícil hacer una reforma tributaria estructural en Colombia?

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EDITORIAL

Las reformas tributarias que se han hecho en el país son incesantes, cada nuevo gobierno que se posesiona promete supuestos beneficios tributarios para quienes más lo necesitan, equilibrar la cancha, buscar ser más competitivos y productivos, además de buscar que el sistema tributario sea simple, eficiente, progresivo y diferencial pero no se ha logrado.


Un sistema tributario en cualquier país, en lo que concierne al recaudo de los impuestos, la administración de los mismos, la redistribución de estos y todo lo que refiere al aparato tributario que tiene un país, merece un análisis comparado no con los países más ricos del mundo porque sería entrar perdiendo en una discusión absurda e inviable. 

Sí es compararnos con los modelos más exitosos en forma de recaudo, fiscalización, porcentajes que son cobrados tanto a las personas naturales como a las sociedades (empresas), sino también las políticas sociales que se han expandido por todo el mundo y han cobrado vigencia importante en los últimos 20 años.

Estando en Latinoamérica, una de las regiones del mundo más rezagadas en términos de infraestructura, seguridad, transporte, entre otros, Colombia se ha caracterizado por tener un buen manejo fiscal, un buen manejo de sus finanzas y la evidencia lo demuestra, hemos resistido embates de crisis tan complejas como la del 2008. 

Lo que este editorial busca es preguntarse el por qué ha sido imposible que en Colombia se llegue a un acuerdo en materia de tener un sistema tributario justo, y más que eso es cómo se garantiza que el fisco de un país sea sano en términos de endeudamiento, cómo se garantiza que los ciudadanos vean reflejados sus impuestos en obras, cómo se combate la corrupción dentro del gobierno y toda su administración, cómo se combate la evasión, que estas deberían tender a la baja por cuenta de que un país sea atractivo en materia fiscal y tributaria, pues está claro que no difiere mucho lo que mueve al ser humano en su naturaleza básica, nos referimos a los incentivos, lo que le apetece, lo que le parece atractivo y por eso acude a ello. El ser humano responde a estímulos y en materia fiscal no es la excepción, cosa que no ha entendido Colombia.

¿Cómo queremos atraer empresas extranjeras no solo para que inviertan una vez en Colombia, sino para que se queden y para que sean referentes para otras compañías en el mundo que les seduzca venir a Colombia? Con un juego claro y justo, que no se cambien las condiciones en la mitad de los negocios, de las inversiones, de los procesos, nada más y nada menos que seguridad jurídica, esa que en Colombia no existe y que solamente genera que se espanten a los inversionistas que estén interesados en venir al país.

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Además de eso, con los mismos colombianos es un exabrupto que el país siendo chico tenga un sistema tributario tan complejo y difícil de entender, con tantas variables y curvas para evadir impuestos; sobre todo un Estado tan monstruosamente grande que es ineficiente, incapaz de fiscalizar cómo miles de colombianos evaden impuestos en países vecinos, como en Panamá o en islas del Caribe, en Estados Unidos e incluso en Europa. No pretendemos juzgarlos por qué lo hacen pero es claro que no se sienten cómodos con las situaciones actuales en Colombia.

Habría que generar todo un escenario positivo para ellos, con garantías, para capitales tanto nacionales como internacionales, con el fin de que vengan a Colombia para que crean en el país, generen empleo. Para que cientos de industrias que tienen sus empresas en China, por ejemplo, y han buscado moverse luego de la pandemia originada en ese gigante asiático puedan ver en Colombia una opción real de negocio, pero tampoco se ha avanzado en eso; se siguen tomando decisiones frías en oficinas de Bogotá que buscan impactar a todo un país que es mucho más que la capital de la República. No se pueden seguir planeando políticas tributarias y laborales desde Bogotá para les regiones, en donde las personas solo están buscando ganar un salario aún cuando sea menos que el mínimo establecido por el Gobierno y aún sin algunas prestaciones.

Lastimosamente, Colombia no puede darse el lujo de tener políticas laborales como si estuviera en un país nórdico. Primero se debe empezar por lo pequeño, buscar ser atractivos, buscar inversión y sobre todo buscar estabilidad.

Ahora, en materia de impuestos, no hay que ir a la Universidad de Harvard para entender algo que es lógico, de sentido común: quien gane más, paga más y todos tienen que tener un empleo; es lo ideal así parezca utópico. Que esté claro para el Gobierno que el mejor subsidio es un empleo, como lo decía Ronald Reagan, expresidente de Estados Unidos. Pero parece que para presidentes como el actual, Iván Duque, lo mejor es subsidiar apretando a la clase productiva en Colombia que aún se encuentra extablecida en el país, que no es mucha, con más y más impuestos para seguir subsidiando por estratos a los 1, 2 y 3; que es otro modelo obsoleto, absurdo, que se tiene que cambiar. Seguir fijando las políticas sociales en el país y las fiscales, de acuerdo a los estratos, es un error garrafal. Los estratos no reflejan la fiel realidad de la situación económica y social de las personas. 

Los impuestos corporativos son de los más altos de la OCDE, ese club de buenas prácticas del que hace parte Colombia y uno aún se pregunta cómo no nos han expulsado de ese club, porque la base gravable de personas naturales, así para muchos suene terrorífico y lo hemos visto en las reacciones con la reforma tributaria anunciada, deben declarar renta, es lo mínimo, es necesario pero es imposible dar el debate cuando en un país las personas ni siquiera saben qué es declarar renta, que no significa pagar.

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Todas las personas deben declarar renta y consideramos que todos en un país tienen que poner, y que por lo menos a las personas que ganen un salario mínimo se les cobre una tarifa anual de renta por lo menos significativa: entre $15.000 y $25.000, que para muchos puede ser insignificante pero que es un compromiso de los ciudadanos con el país y genera sentido de pertenencia, ánimo de fiscalización oportuna a los recursos públicos y desde luego genera más estabilidad; no permite que se hagan reformas tributarias cada año, recordemos que el Gobierno Duque ha hecho dos reformas y ya va para su tercera en tres años de Gobierno.

Además de esto, es una deuda que el Estado tiene consigo mismo y que busca evitar más engaños y discursos politiqueros. Claro está, quien tenga salarios superiores a los $5 millones pagará mucho más dinero que quien gana un salario mínimo.

Siempre se ha hablado del IVA  y se criticó mucho cuando el expresidente Santos aumentó del 16 % al 19 % este impuesto. Creemos que es más conveniente tres clases de IVA, todos los productos y bienes en Colombia deberían estar gravados con IVA pero que sea diferencial, no sería el mismo que tendrían los productos de la canasta básica familiar que artículos o bienes de lujo, sin querer desincentivar que los colombianos puedan acceder a bienes de primer mundo, de buena calidad.

La política de asistencialismo a través de subisidios, programas que siguen creciendo a través de los años en vez de reducir el número de la población que atienden, cada vez es mayor; no basta con Familias en Acción, Jóvenes en Acción, ahora quieren implementar Ingreso Solidario permanentemente. ¿Cuántes personas están hoy inscritas en el Sisbén y gozan de sus beneficios, teniendo más de dos propiedas, trabajando por debajo de cuerda para que no les quiten dichos beneficios? Acceden a miles de ofertas cuando le están quitando el cupo a quienes realmente tienen afugias económicas. No se puede retomar el camino que marcó Hugo Chávez en Venezuela, fomentando que las familias tengan hijos aún sin tener con qué sostenerlos.

En Colombia, no solamente se tiene que premiar a los ciudadanos que cumplen con las leyes, sino también a quienes todos los días se levantan a generar riqueza.

Ojalá Colombia pueda tener una reflexión seria sobre su sistema de impuestos, el cual es ineficiente y así lo confirma el número de reformas adelantadas en los últimos diez años.

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