El hecho: Sectores políticos y gremiales propusieron utilizar Obras por Impuestos para apoyar la reconstrucción tras el terremoto.
¿Por qué es importante? Porque podría sumar recursos privados a la respuesta estatal frente a los daños.
¿Cuál es el contexto? La emergencia dejó miles de viviendas afectadas y daños en infraestructura educativa, sanitaria y vial.
¿A quiénes afecta y cómo? A las comunidades damnificadas que necesitan recuperar viviendas, vías y servicios esenciales.
¿Qué intereses hay en juego? La disponibilidad de recursos para reconstruir y la participación del sector privado en la recuperación territorial.
Dato clave a tener en cuenta: Fedemunicipios propone permitir excepcionalmente que las empresas destinen hasta el 50 % de su impuesto de renta a proyectos de reconstrucción en los municipios afectados.
El terremoto de magnitud 7,4 que tuvo como epicentro San José del Palmar, Chocó, dejó una emergencia de gran escala que compromete a 15 departamentos y 426 municipios. Ante los daños registrados en viviendas, vías, centros educativos, hospitales y otras infraestructuras, diferentes sectores plantearon recurrir al mecanismo de Obras por Impuestos para acelerar la recuperación de los territorios afectados.
Según el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la emergencia deja 284 personas fallecidas, 3.977 heridas y 379 desaparecidas. En materia de infraestructura, se contabilizan 84.360 viviendas afectadas, de las cuales 12.597 quedaron completamente destruidas.
A esto se suman daños en 240 centros de salud, 2.205 instituciones educativas, 210 vías, 73 acueductos y 44 puentes vehiculares, lo que plantea un desafío que supera la capacidad de respuesta inmediata de las administraciones locales.
Obras por Impuestos podría convertirse en una vía para financiar la reconstrucción tras terremoto
Ante este panorama, la senadora Julia Correa Nuttin, del Centro Democrático, propuso activar el mecanismo de Obras por Impuestos para atender parte de las necesidades generadas por el desastre.
La iniciativa también ha recibido atención desde el sector empresarial. El gerente de Grupo Argos señaló, en declaraciones a Blu Radio, que el Gobierno Nacional estaría evaluando la posibilidad de utilizar este instrumento como parte de la respuesta a la emergencia.
A esta discusión se sumó la Federación Colombiana de Municipios, presidida por Julián Sánchez, que planteó una alternativa para ampliar temporalmente el alcance del mecanismo. La propuesta contempla permitir, de manera excepcional, que las empresas obligadas a declarar renta puedan destinar hasta el 50 % de su impuesto a cargo a proyectos de reconstrucción en los municipios afectados.
La idea busca movilizar recursos privados hacia obras consideradas prioritarias, especialmente aquellas relacionadas con infraestructura residencial, comercial y vial.
Actualmente, Obras por Impuestos tiene un alcance territorial limitado y está dirigido principalmente a municipios pertenecientes a las Zonas Más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC) y territorios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
¿Cómo funciona el mecanismo de Obras por Impuestos?
Obras por Impuestos permite que determinados contribuyentes cumplan parte de su obligación tributaria mediante la financiación y ejecución de proyectos de inversión con impacto económico y social en territorios priorizados.
El mecanismo fue establecido mediante los Decretos 1650 y 893 de 2017 y cuenta con reglamentación dentro del Estatuto Tributario. La Agencia de Renovación del Territorio (ART), junto con el Departamento Nacional de Planeación y los ministerios correspondientes, participa en la coordinación de los proyectos.
La propuesta planteada tras el terremoto implicaría ampliar excepcionalmente el alcance territorial del instrumento para llevar inversión empresarial directamente a las zonas golpeadas por la emergencia.
El debate ahora está centrado en determinar si esta herramienta puede ser flexibilizada y bajo qué condiciones. Para sus promotores, permitiría sumar capacidad financiera y operativa del sector privado a los recursos públicos destinados a la reconstrucción.
La discusión también plantea un reto de coordinación: identificar los proyectos prioritarios, garantizar la transparencia en el uso de los recursos y establecer cuáles municipios podrían acceder a este mecanismo extraordinario.