En el marco de su política de reforma agraria, el Gobierno colombiano expidió el Decreto 033 de 2025, que establece una medida sin precedentes: la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tendrá una “opción privilegiada” de compra sobre los predios rurales ubicados en zonas priorizadas por el Estado. La decisión ya genera controversia entre propietarios, compradores y expertos en derecho agrario.
La normativa —complementada por una circular de la Superintendencia de Notariado y Registro— obliga a cualquier persona interesada en vender un terreno rural dentro de los municipios priorizados a notificar previamente a la ANT. Esta entidad dispondrá de 15 días hábiles para decidir si desea adquirir el predio en cuestión.
Panorama general: El decreto afecta directamente a quienes poseen o desean adquirir tierras rurales. Si usted está pensando en comprar o vender una finca en áreas rurales, deberá verificar primero si el predio está incluido dentro del mapa de tierras priorizadas para la reforma agraria. De estarlo, el Estado tendrá la primera palabra.
Según la circular, “los ciudadanos deberán informar a la ANT, previo a iniciar el proceso de escrituración sobre los negocios jurídicos que dispongan o prometan disponer del derecho real de dominio sobre los predios”. Es decir, se trata de una suerte de “derecho de tanteo” estatal: el Gobierno se reserva la posibilidad de comprar antes que cualquier otro interesado.
Reforma agraria 2025: Estado colombiano tendrá prioridad en compra de predios rurales
Por qué es importante: El objetivo, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, es garantizar que las tierras estratégicas para la reforma agraria sean adquiridas primero por el Estado, y así destinarlas a programas de redistribución de tierras y desarrollo rural. La medida se enmarca en el cumplimiento del Acuerdo de Paz, que contempla una reforma rural integral como uno de sus pilares.
Fuentes del Gobierno aseguran que el mecanismo es temporal y solo aplicará en zonas específicamente priorizadas mediante resoluciones públicas, por lo que no tendría efectos sobre todo el territorio nacional. Sin embargo, no existe aún un listado definitivo de municipios priorizados ni una plataforma de consulta oficial para los ciudadanos, lo que aumenta el nivel de incertidumbre.
Para quienes ya están involucrados en un proceso de compraventa en zonas rurales, la recomendación es clara: verificar el estatus del predio ante la ANT y consultar con abogados especializados en derecho agrario. Vender una finca sin notificar al Estado podría invalidar el proceso y exponer a los involucrados a sanciones o nulidades legales.
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