La Corte Constitucional decidió devolver la Ley 2381 de 2024 (Reforma pensional), que establece el nuevo sistema pensional en Colombia, a la presidencia de la plenaria de la Cámara de Representantes, con el fin de corregir un vicio de procedimiento identificado durante su trámite legislativo.
Esta decisión se dio en el marco del proceso D‑15989, que analiza la constitucionalidad de la norma, y fue adoptada por unanimidad por la Sala Plena del alto tribunal.
La reforma pensional, que estaba programada para entrar en vigor en menos de 15 días, deberá ser sometida nuevamente a discusión y votación. La Corte busca que el Congreso subsane errores formales y garantice un trámite ajustado a la Constitución, antes de pronunciarse de fondo sobre la legalidad del nuevo modelo pensional.
La senadora Paloma Valencia, que demandó el proyecto, criticó la sentencia del alto tribunal.
“Me siento muy desilusionada con la sentencia de la Corte Constitucional sobre mi demanda sobre la Reforma Pensional. El país no debe olvidar que ese proyecto lo pagó el gobierno en efectivo con plata de los colombianos con la Unidad de Riesgo”, dijo.
¿Qué debe hacer la Cámara de Representates con la Reforma Pensional?
Específicamente, la Cámara deberá volver a debatir la proposición sustitutiva presentada el pasado 14 de junio por los congresistas María del Mar Pizarro, Cristóbal Caicedo y otros representantes. Esta proposición propone acoger el texto previamente aprobado por la plenaria del Senado, que fue publicado en la Gaceta del Congreso 497 de 2024.
La decisión fue celebrada por el Gobierno nacional. El presidente Gustavo Petro expresó en redes sociales: “La reforma pensional se ha salvado. Le solicito a la Cámara de Representantes discutir a fondo el artículo que aprueba el texto del Senado y aprobarlo”. Además, resaltó que la Cámara ha respaldado las reformas sociales del Gobierno, mientras que “el Senado, con leve mayoría, comienza a reaccionar a favor”.
Por su parte, el presidente del Congreso, Iván Name, afirmó que “es importante que no se haya hundido la reforma pensional en la Corte Constitucional, que la hayan enviado de nuevo a la Cámara a que se discuta más”. Según explicó, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, convocará sesiones extraordinarias para facilitar el trámite.
La Cámara de Representantes tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles, contados a partir de la comunicación oficial de la Corte, para discutir y votar el proyecto. Este proceso debe llevarse a cabo durante las sesiones ordinarias del Congreso, o en sesiones extraordinarias si así lo determina el Ejecutivo.
En caso de ser necesaria una conciliación entre Senado y Cámara, esta deberá surtirse dentro del término de una legislatura.
Finalmente, una vez cumplido el procedimiento, la presidencia de la Cámara deberá informar a la Corte Constitucional y enviar las respectivas actas para que el alto tribunal emita su decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024. Mientras tanto, la Corte suspendió los términos para tramitar demandas en contra de la ley, hasta que se resuelva su revisión final.
