Miguel Gómez Martínez lleva un apellido que en Colombia significa algo muy concreto: es hijo de Enrique Gómez Hurtado, nieto de Laureano Gómez y sobrino de Álvaro Gómez Hurtado. Tres generaciones de una misma familia conservadora, y ahora le toca a él sentarse en la silla más incómoda del próximo gabinete: el Ministerio de Hacienda de Abelardo de la Espriella. La recibe con un país que arrastra un déficit fiscal del 6,4% del PIB, una inversión privada en su nivel más bajo en dos décadas y una economía que podría cerrar 2026 con un boquete fiscal del 6,8%. No hereda una hoja en blanco. Hereda una factura.
Lo que el nuevo gobierno ha puesto sobre la mesa, sin embargo, merece leerse con atención, porque rompe con años de un Estado que creció mientras la economía real se contraía. La hoja de ruta —algunos ya la llaman «Abelardonomics«— tiene tres pilares claros: menos impuestos a las empresas, un Estado más pequeño y más disciplinado en el gasto, y seguridad jurídica para quien decida invertir en Colombia. No son consignas de campaña sueltas. Hay cifras detrás. La reforma tributaria que prepara el equipo de Gómez Martínez busca que la DIAN pase de administrar quince tributos nacionales a concentrarse en apenas tres: renta, IVA e IVA externo. Es una simplificación radical, pensada para combatir la evasión no con más burocracia sino con menos puntos de fuga, y para quitarle al empresario colombiano el tiempo y el costo que hoy dedica a pelear con un sistema tributario que asfixia más de lo que recauda.
El diagnóstico detrás de esta reforma es, además, honesto: el sistema actual concentra una presión fiscal desproporcionada sobre las empresas y relativamente poca sobre las personas naturales, lo cual desincentiva justamente lo que el país más necesita, que es inversión. Rebalancear esa carga no es un capricho ideológico; es reconocer una relación que la evidencia económica ha probado una y otra vez, en Colombia y en el mundo: cuando se grava menos la inversión, se genera más empleo, y el empleo, no los subsidios, es lo que saca familias de la pobreza de manera sostenible. A esto se suma el anuncio de un decreto de congelamiento del gasto público desde el 7 de agosto, con el que el presupuesto crecerá por debajo de la inflación en términos reales. Es una señal disciplinaria dirigida tanto a los mercados como a un aparato estatal acostumbrado, en los últimos años, a gastar primero y preguntar después.
En este sentido, el propio ministro Gómez Martínez ha sido claro sobre la hoja de ruta administrativa. «Quiero decirles que tendrá un proceso natural que se tiene que surtir», ha señalado, advirtiendo que habrá ministerios, entidades y agencias que serán suprimidas. Según el jefe de la cartera, los resultados de esta poda administrativa se verán en el mediano plazo —posiblemente en seis meses o un año—, pero deberán reflejar un ahorro sustancial al eliminar duplicidades de funciones que carecen de sentido práctico. Es una medida de austeridad necesaria para que la ciudadanía entienda, de una vez por todas, que los dineros públicos no son del Estado, sino de todos nosotros. Solo de una buena administración derivará la confianza necesaria para fortalecer nuestras finanzas y recuperar la economía.
Hay que decirlo con la misma honestidad con la que se elogia lo bueno: nada de esto es automático ni está garantizado. Una reforma tributaria de este calibre necesita pasar por un Congreso donde el nuevo gobierno no tiene mayorías aseguradas, y la historia reciente de Colombia está llena de reformas anunciadas con bombos y platillos que terminaron desfiguradas en su trámite legislativo. El propio Gómez Martínez ha sido prudente al respaldar la autonomía del Banco de la República, un gesto que en 360radio celebramos sin reservas: la independencia del emisor es, junto a la propiedad privada y la separación de poderes, uno de los pilares que ningún gobierno, sea del signo que sea, debería tocar. Que el nuevo ministro lo entienda desde el primer día es una buena señal en un país que ha visto a más de un presidente coquetear con la idea de intervenir el Banco cuando las cifras no le convienen.
Contrastemos esto con lo que hemos vivido. Los últimos años dejaron una inversión extranjera directa en retroceso, un sector privado tratado más como sospechoso que como motor de desarrollo, y una seguridad jurídica erosionada por cambios de reglas a mitad de partido. BlackRock, el gestor de activos más grande del mundo, ya lo advirtió: Colombia tiene oportunidades reales en la región, pero solo si logra recuperar la confianza del inversionista. Esa confianza no se decreta; se construye con reglas estables, con un fisco ordenado y con gobiernos que entienden que el Estado no crea riqueza, la redistribuye, y que solo hay algo que redistribuir si alguien, antes, se atrevió a invertir, a arriesgar capital y a generar empleo formal.
Por eso hay que celebrar, con la cautela de quien ya ha visto promesas incumplidas, que veinticuatro líderes empresariales —de sectores tan distintos como la tecnología, la infraestructura, la salud y el agro— le hayan entregado a De la Espriella una hoja de ruta común: menos carga tributaria, trámites simplificados, más acceso a financiación para el emprendimiento y garantías reales para quien invierte. Es la voz del sector productivo real, no la de un gremio pidiendo favores, y el nuevo gobierno haría bien en escucharla con la misma seriedad con la que anuncia sus reformas.
La tesis de este editorial es simple: Colombia no necesita otro gobierno que le tema al mercado. Necesita uno que entienda que la propiedad privada, la inversión y la libre empresa no son enemigos del bienestar social, sino su condición de posibilidad. El plan económico de Abelardo de la Espriella y Miguel Gómez Martínez apunta, en el papel, en esa dirección correcta. La tarea de ahora, la que empieza el 7 de agosto, es convertir ese papel en resultados verificables: menos déficit, más empleo formal, más inversión real. Si el nuevo gobierno cumple esa promesa, habrá hecho algo que pocos en Colombia lograron en la última década: demostrar que el mercado libre, bien administrado, es el camino más corto hacia la prosperidad compartida. Si no la cumple, el país tendrá todo el derecho de exigirle cuentas con la misma dureza con la que hoy le exigimos claridad al gobierno saliente.
