El Ejecutivo dio marcha atrás a la figura de gestor de paz otorgada a Salvatore Mancuso. Mediante la Resolución 429, expedida este 21 de septiembre de 2026, el Gobierno de De la Espriella ordenó retirar formalmente este reconocimiento, una decisión que deberá ser notificada a las autoridades competentes a través de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz.
Panorama general: La habilitación de Mancuso se remontaba a 2023, cuando fue nombrado por la administración de Gustavo Petro bajo la sombrilla de la política de Paz Total. El propósito inicial de su designación era aprovechar su conocimiento sobre el entramado de las estructuras armadas ilegales para impulsar procesos de desarme colectivo, con especial énfasis en las zonas donde operaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Sin embargo, el futuro legal de ese nombramiento se torció el pasado 4 de agosto, cuando el Consejo de Estado dictó una medida cautelar de suspensión provisional. En su momento, el alto tribunal puso la lupa sobre las deficiencias del acto administrativo, advirtiendo que este carecía de precisiones clave como la vigencia temporal de la labor, el ámbito territorial de acción y el detalle de las funciones específicas que asumiría el exjefe paramilitar. Si bien aquella decisión no tumbó de forma definitiva el decreto, abrió el camino para el desenlace actual.
Gobierno retira formalmente la figura de gestor de paz a Salvatore Mancuso

Excomandante del Bloque Catatumbo y uno de los máximos jerarcas de las AUC, estructura que firmó su desmovilización en diciembre de 2004 con 1.433 combatientes, Mancuso ha transitado un largo trecho judicial que incluye su paso por el sistema de Justicia y Paz, una larga extradición a Estados Unidos cumplida a partir de 2008 por delitos de narcotráfico, y su posterior retorno al país.
A la par de los reveses institucionales sobre su rol como gestor, su situación con la justicia ordinaria y de justicia transicional sigue activa. En octubre de 2024, la Fiscalía dictó condena contra Mancuso y otros 45 exmiembros del Bloque Catatumbo por 1.323 crímenes perpetrados entre 1999 y 2004 en Norte de Santander, un catálogo de violencia que abarcó homicidios, desapariciones forzadas y desplazamientos masivos.
Por qué es importante: Del mismo modo, en fechas recientes el exparamilitar ha comparecido ante los estrados de la Fiscalía para aportar su versión en expedientes de alto impacto, como las masacres de El Aro y La Granja, además del homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Paralelamente, mantiene su aporte de testimonios ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre la operación de las AUC y sus presuntos nexos con agentes estatales.
Con la rúbrica de la nueva resolución gubernamental, el capítulo de Mancuso como gestor de paz queda clausurado formalmente, mientras los reflectores siguen sobre sus declaraciones y cuentas pendientes ante la justicia colombiana.
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