A partir de este sábado 29 de enero entró en vigor la Ley de Garantías que busca igualdad de condiciones en los procesos electorales, promoviendo la transparencia de los recursos públicos y prohíbe la contratación directa.
Por: Redacción 360 Radio
Si embargo, de acuerdo con los datos más recientes de Colombia Compra Eficiente, con corte al 27 de enero, se habían celebrado más de 270 mil contratos.
El Ejecutivo realizó una modificación a la Ley de Garantías, que permite la suscripción y celebración de convenios interadministrativos con las entidades territoriales para la ejecución de programas y proyectos correspondiente al Presupuesto General de la Nación, bajo el control especial de la Contraloría, durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial.
Gremios empresariales y organizaciones expresaron, frente a dicha modificación, una preocupación por los casos de corrupción que se pueden dar con la celebración de esos convenios.
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El abogado y árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, Julio José Orozco, explicó que “con ocasión de los graves efectos económicos que ha ocasionado la pandemia es natural que se le diera un poco de oxígeno a esa metodología que tienen las entidades de colaborarse entre ellas, es decir, de celebrar convenios interadministrativos que no es otra cosa que contratos estatales, pero entre entidades del Estado”.
Orozco manifestó que, con relación a los riesgos por corrupción, debemos “confiar” en los entes de control. “La Contraloría, la Procuraduría y hasta la misma Fiscalía y las oficinas de control interno de cada entre para que en uso de la acción sea disciplinaria, estas cosas no pasen porque todavía estamos en un escenario de emergencia y tenemos que confiar en el Estado”.
La corrupción ha sido uno de los grandes males en la historia de Colombia, por lo que la modificación a la Ley de Garantías levantó muchas voces en contra, no obstante, el presidente Iván Duque hizo caso omiso y firmó la excepción.