El debate alrededor del salario mínimo para 2026 no solo define cuánto ganarán millones de trabajadores en Colombia, sino que también tiene un efecto directo en una amplia gama de bienes y servicios que forman parte del costo de vida. Cada incremento al mínimo legal termina reflejándose, de una u otra forma, en rubros como vivienda, salud, educación y algunos trámites, debido a los mecanismos de indexación que aún existen en la economía.
En términos simples, la indexación es la práctica de ajustar ciertos cobros en la misma proporción en que sube el salario mínimo. Durante años, muchos precios, tarifas y sanciones estuvieron atados al mínimo legal, lo que generaba incrementos automáticos cada vez que el Gobierno decretaba un aumento.
Arriendos, salud, vivienda y algunos servicios se ajustarán de forma distinta según el aumento del salario mínimo y la inflación
En la última década, sin embargo, el país ha avanzado en desligar varios de estos conceptos del salario mínimo y llevarlos a indicadores como la inflación (IPC) o la Unidad de Valor Tributario (UVT), con el objetivo de evitar que un aumento salarial termine elevando de manera generalizada el costo de vida.
Aun así, todavía hay sectores donde el salario mínimo sigue siendo una referencia clave. Uno de ellos es el de las cuotas de administración en edificios y conjuntos residenciales. Aunque la ley no obliga a que estas tarifas suban en la misma proporción del salario mínimo, en la práctica muchas copropiedades las ajustan teniendo en cuenta ese incremento, debido a que buena parte de sus gastos está asociada al pago de vigilancia, aseo y mantenimiento. Estos servicios suelen contratarse con empresas que pagan salarios mínimos y recargos legales, por lo que cualquier aumento decretado por el Gobierno se traduce en mayores costos para las administraciones y, en consecuencia, para los propietarios y arrendatarios.
La vivienda también está estrechamente ligada al salario mínimo en ciertos segmentos. En el caso de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), los topes de precios y los montos de los subsidios están definidos en salarios mínimos. Esto implica que, cuando el mínimo sube, los valores máximos de estas viviendas también se ajustan. Desde el Gobierno se ha planteado la posibilidad de revisar este esquema para evitar que los aumentos salariales encarezcan el acceso a la vivienda para los hogares de menores ingresos.
Otro rubro sensible es el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Aunque en los últimos años su tarifa se ha vinculado a la Unidad de Valor Tributario, varias de las coberturas e indemnizaciones que reconoce este seguro siguen expresándose en salarios mínimos diarios. Por esa razón, un aumento del mínimo puede tener efectos indirectos sobre su valor.
En el ámbito de la seguridad social, los trabajadores que cotizan sobre la base mínima también verán cambios. La ley establece que las cotizaciones a salud y pensión no pueden hacerse por debajo del salario mínimo, de modo que cualquier incremento en este se traduce automáticamente en mayores aportes para empleados e independientes que ganan uno o dos salarios mínimos. Algo similar ocurre con las cuotas moderadoras que cobran las EPS a quienes están en los rangos más bajos de ingresos, ya que estas también se ajustan siguiendo el salario mínimo.
La educación y algunos servicios de salud tampoco son ajenos a este efecto. Universidades, instituciones técnicas y centros médicos suelen enfrentar mayores costos operativos cuando sube el salario mínimo, lo que puede reflejarse, al menos parcialmente, en matrículas, tarifas y copagos.
En contraste, otros gastos clave para los hogares están diseñados para moverse únicamente con la inflación. Los arriendos de vivienda, por ejemplo, solo pueden incrementarse cada año de acuerdo con el IPC del año anterior, sin importar cuánto suba el salario mínimo. Lo mismo ocurre con los peajes, que en la mayoría de los casos están indexados a la inflación, y con las multas de tránsito, que se calculan en UVT y no en salarios mínimos.
Para 2026, el sector empresarial ya puso sobre la mesa una propuesta de aumento del 7,21%. Esta cifra se construyó a partir de la inflación anual (5,3%), la productividad total de los factores (0,91%) y un punto porcentual adicional como margen de mejora real para los trabajadores. Los gremios han señalado que esto implicaría un incremento cercano a dos puntos por encima del IPC, lo que permitiría preservar el poder adquisitivo sin generar presiones excesivas sobre los costos de las empresas.
No obstante, también advirtieron que aumentos muy superiores a la inflación podrían poner en riesgo el empleo formal y la estabilidad macroeconómica. Si antes del 30 de diciembre no se logra un acuerdo entre empresarios y sindicatos, será el presidente Gustavo Petro quien defina, por decreto, el salario mínimo que regirá en 2026.