La discusión sobre el futuro del páramo de Santurbán plantea un desafío que va más allá de establecer límites geográficos, definir medidas de protección que respondan a las condiciones ambientales del territorio, tengan sustento jurídico y puedan cumplirse en la práctica. El Ministerio de Ambiente sostiene que las decisiones sobre este ecosistema deben construirse a partir de evidencia científica, participación comunitaria y coordinación institucional, sin desconocer los compromisos concertados con quienes habitan la zona.
El debate tomó un nuevo rumbo el pasado 9 de noviembre, cuando la cartera ambiental anunció que incorporará al proceso de delimitación los acuerdos alcanzados con la comunidad de Vetas durante 2021 y 2022. Entre los compromisos se encuentra la línea de delimitación concertada con el municipio, cuyo trazado no será reabierto a negociación, además de aspectos relacionados con la reconversión productiva, la gestión del agua, la fiscalización, la financiación y la coordinación de los comités locales.
Para el Gobierno, reconocer estos acuerdos representa un punto de partida para avanzar hacia decisiones que tengan legitimidad en el territorio. Sin embargo, la protección de Santurbán también exige que las medidas respondan a criterios técnicos y ambientales, de manera que las disposiciones adoptadas no se queden en declaraciones institucionales y cuenten con mecanismos para garantizar su aplicación.
La evidencia científica como base para proteger Santurbán
La delimitación de un páramo consiste en establecer sus límites con criterios ambientales, científicos y normativos. Para ello se toman como referencia los estudios del Instituto Humboldt y las características de los ecosistemas que deben conservarse, incluidos espacios fundamentales como el bosque altoandino. Cualquier modificación de las referencias técnicas debe contar con una justificación científica que fortalezca la protección ambiental.
En el caso de Santurbán, la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional ordenó adelantar un proceso participativo que contemplara seis asuntos centrales: la línea de delimitación, la protección de las fuentes hídricas, la reconversión o sustitución de actividades prohibidas, la coordinación institucional, la fiscalización y el modelo de financiación.
El proceso involucra a 40 municipios de Santander y Norte de Santander y, de acuerdo con el balance entregado por el Ministerio, registra un avance del 70 % en la fase de concertación, con acuerdos alcanzados en 28 localidades. La etapa pendiente requiere mantener el diálogo con las comunidades, las autoridades territoriales y los actores sociales.
Seguridad jurídica y decisiones que puedan cumplirse
La discusión también está relacionada con la necesidad de que las medidas ambientales tengan reglas claras y procedimientos ajustados a la ley. Un ejemplo es el sector de La Baja, en California, donde el Ministerio revocó mediante la Resolución 1037 de 2026 la declaratoria de reserva definitiva que había expedido en agosto, luego de que el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga ordenara repetir la consulta para garantizar la participación, el acceso a la información y el debido proceso.
La decisión no significó que el área quedara sin protección. La reserva temporal establecida mediante la Resolución 0221 de 2025 continúa vigente hasta marzo de 2027, mientras la entidad adelanta una evaluación técnica y jurídica para definir las medidas correspondientes.
Comunidades y conservación: dos componentes de una misma decisión
El rigor ambiental también implica reconocer las condiciones de vida de las poblaciones que habitan el páramo. La Ley 1930 de 2018 establece prohibiciones frente a actividades como la minería y la explotación de hidrocarburos, pero contempla procesos de reconversión productiva y la continuidad de actividades agropecuarias de bajo impacto bajo buenas prácticas ambientales.
A esto se suma el control de las actividades ilegales. El Gobierno informó sobre ocho diligencias de registro y allanamiento en las veredas La Baja, en California, y La Nueva, en Suratá, como parte de las acciones contra la minería ilegal. También señaló que tiene documentadas más de 200 bocaminas ilegales y afectaciones asociadas a la presencia de mercurio y arsénico en el río Suratá.
La importancia de este ecosistema trasciende los límites de los municipios que lo conforman. Santurbán es una fuente hídrica estratégica para más de 2,5 millones de personas en Santander y Norte de Santander, mientras que los páramos colombianos cumplen un papel fundamental en la regulación del ciclo del agua y el sostenimiento de la biodiversidad.
El reto institucional consiste en lograr que la protección de Santurbán se traduzca en decisiones técnicamente sustentadas, jurídicamente sólidas y construidas con las comunidades. La conservación del agua y los ecosistemas requiere normas claras, presencia del Estado, seguimiento y capacidad para hacer cumplir los compromisos adquiridos.