La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación han solicitado al Ministerio de Minas y Energía información detallada sobre diversas decisiones que afectan el desarrollo y estabilidad del sector.
Sector energético en Colombia: preocupaciones de la contraloría y procuraduría sobre el
Un documento de gran relevancia ha salido a la luz en redes sociales por medios de comunicación, evidenciando la preocupación de los organismos de control frente a la actual crisis del sector energético en Colombia.

Se trata de una carta conjunta firmada por Gregorio Eljach, procurador general, y Luis Enrique Abadía, contralor en funciones, dirigida al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho.
Preocupaciones sobre subsidios y estrategias del sector
En el documento, la Contraloría recuerda su misión de vigilar la correcta ejecución de los recursos públicos, mientras que la Procuraduría enfatiza su papel en la prevención y control de la gestión gubernamental.
Ambas entidades han solicitado información detallada sobre tres aspectos fundamentales:
1. Subsidios al sector energético: Se advierte un retraso en los pagos correspondientes al último trimestre de 2024, lo que podría afectar a miles de usuarios y empresas del sector.
2. Estrategias para incentivar la contratación directa: Se pide claridad sobre las medidas para promover que los generadores de energía opten por la contratación directa en el mercado energético, evitando así intermediaciones innecesarias.
3. Incentivos a la exploración de petróleo y gas: Se exige información sobre las políticas implementadas en coordinación con la Agencia Nacional de Hidrocarburos para estimular la exploración en estos sectores, los cuales han sido objeto de menor atención por parte del actual gobierno.


Transparencia en pagos y proyectos energéticos en el Caribe
Además de estas solicitudes, la carta conjunta requiere información detallada en cuadros de Excel con los pagos de subsidios efectuados, identificando a los beneficiarios, montos desembolsados, fechas de pago y resoluciones asociadas.
Este nivel de detalle busca garantizar la transparencia y trazabilidad de los recursos públicos.
Un aspecto que genera especial interés en la Contraloría y la Procuraduría es la situación energética en la región Caribe. La crisis en esta zona ha sido un tema recurrente debido a la inestabilidad en el suministro y la demora en la implementación de proyectos de energía renovable. Por ello, ambas entidades han solicitado información sobre:
– La capacidad de generación energética actual en la región.
– El estado de avance de los proyectos eólicos en La Guajira.
– La ejecución de consultas previas con comunidades indígenas y locales, un requisito indispensable para el desarrollo de estas iniciativas.
Con este requerimiento, la Procuraduría y la Contraloría refuerzan su independencia y capacidad de acción frente a las decisiones gubernamentales en un sector estratégico para el país.
La solicitud de información busca esclarecer el rumbo de las políticas energéticas y determinar si se han tomado las medidas adecuadas para garantizar el abastecimiento y estabilidad del sistema eléctrico nacional.
Hasta el momento, el Ministerio de Minas y Energía no ha emitido una respuesta oficial a la solicitud. Sin embargo, el pronunciamiento de estos organismos marca un punto clave en la supervisión del manejo de los recursos energéticos y podría derivar en acciones futuras si no se ofrecen respuestas satisfactorias.
La ciudadanía y el sector empresarial esperan con interés las explicaciones del Gobierno ante este llamado de atención.
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