La Asociación Colombiana de Minería (ACM) se pronunció oficialmente sobre el decreto 0572 que ha causado revuelo en el país por las facultades que da al Gobierno y el golpe al sector empresarial.
Este decreto autoriza al Gobierno nacional a adelantar el cobro de la retención en la fuente correspondiente a 2026, trasladándolo al año este presente año.
De acuerdo con los argumentos de Hacienda, el aumento de la autorretención en la fuente en el año gravable 2025 disminuiría el anticipo que deben liquidar y pagar los contribuyentes en el año gravable 2026. Además, la retención en la fuente arrancará sobre pagos o abonos por prestación de servicios por encima de 2UVT, y no de las 4UVT.
Sector minero golpeado por el Decreto 0572
La ACM dijo que manifiesta su profunda preocupación por las consecuencias que traerá el Decreto 0572 de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda el día de ayer, el cual establece un incremento en la tarifa de autorretención en la fuente hasta el 4,5% para múltiples actividades económicas, incluyendo sectores estratégicos como el carbón y la industria del oro.
Según el gremio, en el caso del carbón térmico, los fundamentos del Decreto resultan especialmente preocupantes. Solo en lo corrido de este año, el precio internacional ha caído un 11% frente a 2024, mientras que los costos operativos como mano de obra, energía y transporte, continúan al alza. Esta situación ha llevado a que muchas empresas proyecten pérdidas operativas al cierre del año, agravadas además por la creación reciente del impuesto al carbón por medio del Decreto 175 de 2025, que ya ha deteriorado los márgenes financieros del sector.
Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, dijo que “Nos sorprende que se adopten medidas de esta magnitud sin un análisis técnico riguroso del contexto actual de las industrias afectadas. Esta decisión no solo golpea la competitividad del sector minero, sino que amenaza con debilitar el tejido empresarial nacional en un momento económico complejo para el país».
«El déficit fiscal del país no puede resolverse debilitando los sectores que generan empleo formal, inversión y desarrollo en las regiones. Este tipo de decisiones puede terminar generando el efecto contrario: frenar la inversión extranjera, promover la ilegalidad y comprometer la estabilidad económica del país», agregó.