En un giro trascendental para la investigación que sacude los cimientos políticos de Colombia, nuevas revelaciones judiciales han confirmado quién estaría detrás del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, quien recientemente fue condenado por su participación en el crimen, confesó que la orden de ejecutar el atentado provino directamente de la cúpula de la Segunda Marquetalia.
De acuerdo con las declaraciones brindadas ante las autoridades, alias ‘Zarco Aldinever’, ex gestor de paz y uno de los hombres de confianza de alias ‘Iván Márquez’ en esta estructura disidente, fue quien impartió la directriz criminal. La revelación de ‘El Viejo’ quien fungía como eslabón entre el grupo armado en el Caquetá y el componente sicarial en Bogotá sitúa a la Segunda Marquetalia como el autor intelectual del magnicidio.
Segunda Marquetalia: El cerebro detrás del magnicidio de Miguel Uribe Turbay
El testimonio de Pérez Marroquín es contundente: se habrían destinado cerca de 1.000 millones de pesos para concretar el ataque. Además, el plan contemplaba una partida adicional de 600 millones de pesos destinados a «torcer» los procesos judiciales, una táctica que subraya el poder de influencia que buscaba ejercer la organización criminal.
El asesinato de Uribe Turbay, ocurrido el 11 de agosto de 2025 tras luchar por su vida durante más de dos meses después de ser atacado en un evento político en Bogotá, es catalogado por la Fiscalía General de la Nación como un magnicidio. El impacto de este suceso ha sido uno de los golpes más severos a la estabilidad democrática y al ejercicio de la oposición en años recientes.
La investigación, que ha sido liderada por un robusto equipo de la Policía Nacional y el CTI, ha permitido la captura de nueve personas involucradas. Con la reciente condena de alias ‘El Viejo’ a más de 22 años de prisión, las autoridades logran desarticular el nivel de mando operativo que permitió que el ataque pasara de ser una idea a una realidad trágica.
A pesar de estos avances significativos, el camino hacia la justicia total enfrenta obstáculos críticos. La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, ha denunciado recientemente amenazas directas contra el equipo de fiscales que lidera el caso. Estos intentos de intimidación, lejos de frenar la indagación, han llevado al fortalecimiento de los protocolos de seguridad para los funcionarios judiciales involucrados.
El caso sigue abierto en la búsqueda de consolidar las pruebas definitivas contra los máximos cabecillas de la Segunda Marquetalia, quienes, según los testimonios, habrían coordinado la logística desde las zonas de influencia del grupo en el Caquetá y su despliegue sicarial en la capital.La sociedad colombiana sigue expectante ante el avance de este proceso que, además de esclarecer la muerte de una de las voces más prominentes de la oposición, pone de relieve la vulnerabilidad de la seguridad política frente a estructuras armadas que persisten en la lógica del conflicto.
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