El anuncio del presidente Gustavo Petro, el pasado martes 3 de junio, de convocar por decreto una consulta popular para refrendar la reforma laboral que fue archivada en el Congreso en marzo y que incluye nuevas preguntas sobre el sistema de salud, desató una crisis política e institucional sin precedentes en Colombia. La decisión, que busca saltarse el rechazo parlamentario, fue calificada por ocho partidos políticos como un “golpe de Estado” y una violación abierta de la Constitución.
Panorama general: En una alocución presidencial televisada, Petro defendió la medida argumentando que en el Senado se incurrió en “vicios de trámite” durante la votación que negó la realización de la consulta popular. Según el mandatario, la negativa del Legislativo para aprobar este mecanismo fue producto de una maniobra irregular y antidemocrática.
«Por eso voy a decretar la consulta popular. La Corte Constitucional decidirá indudablemente. Puede, o no, decidir, de acuerdo con las normas existentes. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República, hicieron trampa. Y ojalá la Corte Constitucional de hoy nos ayude a reconstruir el concepto de Estado Social de Derecho,» afirmó Petro.
El presidente insistió en que, dado el bloqueo parlamentario, el recurso del decreto es la vía legítima para consultar directamente al pueblo sobre reformas que, según él, responden a un mandato popular legítimo.
¿Qué es una consulta popular?
La consulta popular es un mecanismo constitucional de participación consagrado en el artículo 103 de la Constitución de 1991. Permite que el pueblo se pronuncie directamente sobre temas de trascendencia nacional, previa aprobación del Congreso y control de constitucionalidad por parte de la Corte. No es vinculante en términos legislativos, pero sí tiene un peso político considerable si alcanza el umbral necesario (al menos el 25% del censo electoral con mayoría afirmativa).
Por qué es importante: En la noche del mismo martes, los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, Liberal, Conservador, Mira, Colombia Justa Libres, de la U y ASI emitieron un comunicado conjunto en el que calificaron la convocatoria como un “golpe de Estado”.
El comunicado señaló:«La consulta popular vía decreto, desconociendo la decisión del Senado, es un golpe de Estado. Rechazamos esta acción unilateral e inconstitucional por parte del Gobierno Petro.»
Además, instaron a los entes de control y altos tribunales a actuar con independencia y respeto a la Constitución para impedir que el Gobierno “trasgreda el orden constitucional”. Los partidos pidieron específicamente a la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y los organismos electorales, que ejerzan su función bajo el principio de legalidad.
En la misma comunicación, se hizo un llamado especial a Hernán Penagos Giraldo, registrador nacional, para que actúe con autonomía e independencia funcional en caso de que se expida un decreto convocando la consulta. Los partidos solicitaron que se garantice el cumplimiento estricto de los requisitos legales antes de fijar cualquier calendario electoral.
«Confiamos en que el señor Registrador Nacional actuará con pleno respeto por el orden constitucional y democrático, valorando cuidadosamente la legalidad y legitimidad de dicho acto antes de disponer la fijación de cualquier calendario electoral,» señalaron.
Una ruptura del equilibrio de poderes, según la oposición
Los partidos firmantes argumentan que la acción del presidente constituye una violación grave, abierta y directa de la Constitución, que representa una ruptura de la separación de poderes y un golpe directo al Estado de Derecho. Insisten en que la consulta popular es una herramienta democrática que debe respetar los procedimientos legislativos y judiciales vigentes.
Recordaron, además, que la Sección Quinta del Consejo de Estado ya había rechazado una demanda contra el archivo de la consulta en el Senado, lo que calificaron como un “acto definitivo” del Congreso que legitima la autonomía y competencia de la Rama Judicial.
«Petro ha anunciado su intención de firmar un decreto para convocar su consulta popular que ya fue rechazada por el Senado de la República. Esta decisión, de concretarse, sería un atentado a la Constitución,» afirmaron en el texto.
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