¿Cuál es el contexto?: La Superintendencia Nacional de Salud, liderada por Daniel Quintero (Supersalud), ha escalado la presión sobre la Nueva EPS al emitir un requerimiento definitivo. La entidad de control determinó que la promotora de salud más grande del país tiene como plazo máximo el próximo 6 de julio para consignar sus estados financieros pendientes. Esta orden, calificada bajo la categoría de «perentoria e improrrogable», busca subsanar un vacío informativo que arrastra varias vigencias y que genera incertidumbre en el sector sanitario.
La solicitud del organismo supervisor exige que la documentación contable correspondiente a los periodos fiscales de 2023, 2024 y 2025 sea entregada con todas las formalidades de ley. Esto implica que los reportes deben estar debidamente certificados, dictaminados por revisoría fiscal y aprobados por la junta directiva. El incumplimiento de este mandato directo podría acarrear drásticas penalizaciones administrativas y económicas para los directivos de la aseguradora, de acuerdo con el marco regulatorio vigente.
El drástico requerimiento de la Supersalud que pone en jaque su transparencia contable
La Nueva EPS, que concentra el mayor volumen de usuarios afiliados en Colombia, se encuentra bajo un esquema de intervención forzosa administrativa desde abril de 2024. Pese a que esta condición legal la obliga a mantener canales de transparencia absoluta sobre la gestión de los recursos públicos que administra, el organismo gubernamental reportó dificultades recurrentes para acceder a los balances reales.
Según los registros de la Superintendencia de Salud, entre abril de 2025 y febrero de 2026 se despacharon por lo menos cinco requerimientos oficiales solicitando los balances sin que se lograra un acatamiento pleno por parte de la intervenida. A este escenario se sumó una orden previa del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, corporación judicial que ratificó que la entidad promotora de salud ha fallado en la observancia de las normativas de transparencia contable y acceso a la información pública.
El acceso a estos balances contables no es un trámite meramente burocrático. Para el ente supervisor, conocer a fondo los libros de la aseguradora es la única vía técnica para determinar sus niveles reales de liquidez, la dimensión exacta de sus cuentas por pagar con clínicas y hospitales (IPS), y su nivel general de solvencia en medio de la actual coyuntura sectorial. La opacidad de estos datos ha entorpecido el monitoreo sobre el plan de salvamento y recuperación impuesto tras la toma de control.
Adicionalmente, la urgencia de este dictamen tiene un trasfondo político y administrativo crucial para el país. El ente de control subrayó que consolidar una base de datos contables verificable e histórica es indispensable para el proceso de empalme con el gobierno entrante tras el periodo presidencial actual. Disponer de cifras auditadas evitará que la administración de la transición sectorial se deba estructurar a partir de proyecciones hipotéticas o aproximaciones fiscales.
Mientras corre el reloj hacia el vencimiento del plazo este 6 de julio de 2026, los ojos de la veeduría ciudadana y de la red de prestadores de servicios médicos permanecen sobre las oficinas centrales de la Nueva EPS. De la veracidad y oportunidad de los documentos radicados dependerá que se aclare el panorama de deudas en el sistema y se mitiguen las dudas respecto a la sostenibilidad del aseguramiento médico de millones de colombianos.
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