Hay algo que se lleva años señalando y que cada es más preocupante: en Colombia nos hemos acostumbrado a llegar tarde a casi todo. Dejamos pasar los años, aplazamos decisiones, ignoramos advertencias y, cuando finalmente entendemos la gravedad de un problema, descubrimos que resolverlo cuesta mucho más de lo que habría costado prevenirlo.
Lo que está sucediendo con los drones es un ejemplo perfecto
En 2026 estamos hablando de la necesidad urgente de adquirir sistemas antidrones, proteger nuestras bases militares y preparar a la Fuerza Pública para enfrentar una amenaza que no apareció ayer. Hace más de una década ya existían antecedentes internacionales suficientemente claros sobre el uso de aeronaves no tripuladas para cometer atentados y desarrollar operaciones militares.
En Colombia, incluso, se conocían desde 2009 las intenciones de las antiguas FARC de adquirir estos equipos. El primer ataque con explosivos mediante drones se registró en 2023. Según la Fundación Ideas para la Paz, entre ese año y el primero de octubre de 2026 se contabilizaron 716 ataques.
¿En qué momento decidimos que este no era un asunto prioritario? ¿Qué hicieron los gobiernos anteriores para prepararnos? ¿Cuántas advertencias se dejaron pasar?
No estamos diciendo que hace quince años tuviéramos que comprar exactamente los mismos sistemas que se necesitan hoy. La tecnología cambia y las amenazas evolucionan. Pero precisamente para eso existen los ministerios, los organismos de inteligencia, las Fuerzas Militares y las instituciones encargadas de pensar en la seguridad del país.
No deberían estar únicamente para atender lo que está pasando, sino también para anticipar lo que puede pasar.
- Gobernadora del Magdalena anuncia llegada de vehículos blindados desde Emiratos Árabes
- Mineros cierra el tercer trimestre con ingresos por $2,9 billones
Y lo de los drones es apenas una parte del problema
Con los aviones de combate llevamos años repitiendo la misma historia. Colombia sabía desde hace mucho tiempo que debía reemplazar sus Kfir. Se hicieron estudios, se evaluaron alternativas, se discutieron presupuestos y se aplazaron decisiones durante distintas administraciones.
Finalmente, en noviembre de 2025 se firmó el contrato para adquirir 17 aviones Gripen. Pero basta mirar todo el tiempo que transcurrió para preguntarse por qué no se pudo resolver antes.
Hubo años en los que las finanzas públicas tenían un margen mayor y el mercado internacional de defensa enfrentaba condiciones diferentes. Se pudo haber avanzado gradualmente en el reemplazo, negociado con más tiempo y organizado una transición menos apremiante.
No podemos asegurar que cualquier avión hubiera sido necesariamente más barato hace diez años, porque las configuraciones, los equipos y las condiciones contractuales cambian. Lo que sí sabemos es que el mundo vive un nuevo ciclo de crecimiento del gasto militar. En 2025, el gasto mundial en defensa alcanzó un máximo histórico de 2,89 billones de dólares, según el SIPRI.
Así que Colombia terminó enfrentando una decisión largamente aplazada en un contexto internacional mucho más exigente y con unas finanzas nacionales que no atraviesan precisamente su mejor momento.
Lo de los helicópteros merece una reflexión parecida. Son fundamentales para movilizar tropas, abastecer unidades, atender emergencias, evacuar heridos y operar en territorios donde no existen carreteras o donde la geografía dificulta cualquier desplazamiento.
Sin embargo, hemos llegado a tener una parte importante de la flota Mi-17 fuera de servicio. En 2026, de las 19 aeronaves que permanecían en el inventario, solamente una fracción estaba disponible para operar. Además, un contrato de mantenimiento terminó con incumplimientos y sanciones.
Y aquí aparece otro problema que rara vez discutimos con suficiente seriedad: no basta con comprar equipos militares. Hay que mantenerlos, actualizar sus componentes, garantizar los repuestos, formar personal especializado y tener recursos disponibles durante toda su vida útil.
Un helicóptero que permanece en tierra por falta de mantenimiento representa una capacidad que el país pagó, pero con la que no puede contar cuando la necesita.
La misma discusión debería extenderse a los sistemas de vigilancia, radares, inteligencia y protección de las fronteras.
Colombia tiene una geografía extraordinariamente difícil. Dos océanos, extensas fronteras terrestres, selvas, montañas, enormes espacios marítimos y regiones donde el Estado todavía tiene dificultades para ejercer plenamente su autoridad.
No podemos pretender controlar todo ese territorio únicamente aumentando el número de uniformados o reaccionando cuando los grupos criminales ya se han fortalecido.
Necesitamos mejores capacidades de observación, comunicaciones seguras, vigilancia electrónica, inteligencia satelital, sistemas no tripulados y herramientas para anticipar movimientos criminales. Y, sobre todo, necesitamos que todas esas capacidades funcionen coordinadamente.
Tampoco podemos continuar dependiendo casi exclusivamente del exterior para resolver cualquier necesidad tecnológica de nuestras Fuerzas Militares. Colombia cuenta con empresas, ingenieros, universidades e instituciones que pueden participar mucho más en la industria de defensa.
Tenemos que fortalecer esa capacidad nacional, sin desconocer que seguiremos necesitando proveedores y aliados internacionales. Comprar tecnología es necesario. Aprender a desarrollarla, adaptarla y mantenerla también debería serlo.
Pero quiero ir más allá del sector defensa, porque sería un error pensar que esta costumbre de llegar tarde se limita a los asuntos militares.
Miremos lo que ocurre con la energía en Colombia
Durante años se ha advertido sobre la necesidad de garantizar nuevas reservas de gas, desarrollar infraestructura, ampliar la capacidad de transporte y asegurar el suministro para los hogares y la industria.
Hoy las cifras muestran una situación preocupante. De acuerdo con Promigas, las reservas probadas de gas natural pasaron de 3.164 Gpc en 2021 a 1.717 Gpc en 2025. Y en agosto de 2026, el gas importado ya representaba el 34 % del suministro nacional.
¿Cómo es posible que un país con nuestro potencial energético haya permitido que la discusión llegara a semejante punto?
Es evidente que explorar, producir, transportar y distribuir energía requiere años. Por eso las decisiones no pueden tomarse cuando ya tenemos un déficit encima. Tampoco podemos pensar que una fuente de energía reemplaza automáticamente a otra o que basta con anunciar proyectos renovables para garantizar el abastecimiento.
Tenemos proyectos eléctricos que han enfrentado retrasos durante años, dificultades para construir líneas de transmisión y problemas de coordinación entre quienes generan energía y quienes deben transportarla.
El país necesita energía confiable y suficiente, a precios competitivos. Y eso no se consigue con discursos, sino con inversiones, reglas claras y decisiones sostenidas en el tiempo.
En infraestructura sucede exactamente lo mismo
¿Cuántos años llevamos hablando de recuperar los ferrocarriles? ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo que necesitamos mejores vías terciarias, corredores logísticos, accesos a los puertos y conexiones entre las regiones?
Se han construido carreteras importantes, se ha avanzado en concesiones y existen proyectos que merecen reconocimiento. Sería injusto desconocerlo.
Pero sigue existiendo una distancia enorme entre la infraestructura que tiene Colombia y la que necesita para competir.
Según la Encuesta Nacional Logística del DNP, en 2024 las empresas destinaban, en promedio, el 15,6 % de sus ventas a costos logísticos. La cifra mejoró frente a 2022, pero continúa siendo elevada.
Eso tiene consecuencias concretas. Encarece los alimentos, reduce los márgenes de las empresas, perjudica las exportaciones y limita el desarrollo de regiones enteras.
Y mientras tanto seguimos discutiendo proyectos que deberían estar ejecutándose, obras que se retrasan, decisiones presupuestales que cambian y prioridades que parecen depender de quién ocupe el gobierno de turno.
Cada año perdido termina pagándolo alguien. El empresario que no puede competir, el agricultor que no logra sacar su cosecha, el transportador que pierde horas en carretera o el ciudadano que paga más por lo que consume.
Otro frente que preocupa profundamente es el tecnológico
El mundo está cambiando a una velocidad que muchos gobiernos todavía no han terminado de comprender.
La inteligencia artificial, la automatización, la ciberseguridad, el procesamiento de información y las nuevas tecnologías están transformando la economía, el empleo y la seguridad de los países.
Colombia ha avanzado en conectividad y ha desarrollado capacidades importantes en tecnología. También ha fortalecido algunos mecanismos de respuesta frente a incidentes cibernéticos.
Pero la magnitud de los desafíos es otra. En agosto de 2026, el Ministerio de Justicia tuvo que atender un ataque informático mediante ransomware. Es un recordatorio de que ninguna entidad pública puede dar por garantizada la seguridad de sus sistemas.
¿Qué tan preparadas están nuestras instituciones para enfrentar ataques simultáneos contra servicios esenciales? ¿Cuánto hemos invertido en proteger las redes que utilizan hospitales, empresas de energía, entidades financieras y organismos del Estado?
Y no se hace solo referencia a comprar programas informáticos. Se hace alusión a programas de profesionales preparados, infraestructura moderna, sistemas de respaldo, investigación, cooperación internacional y una verdadera cultura de prevención.
A todo eso se suma nuestro atraso en ciencia e investigación
La última medición oficial de inversión en investigación y desarrollo, correspondiente a 2023, la situaba alrededor del 0,31 % del PIB. Incluso hemos tenido dificultades para actualizar oportunamente esa medición.
Un país que invierte tan poco en producir conocimiento difícilmente puede aspirar a desarrollar por sí mismo las tecnologías que necesitará dentro de diez o veinte años.
No basta con repetir que queremos ser una potencia tecnológica. Necesitamos formar ingenieros, científicos, técnicos y profesionales capaces de resolver problemas concretos. Necesitamos mejores vínculos entre universidades y empresas, investigación aplicada y condiciones para que las nuevas industrias crezcan en Colombia. Lo más preocupante es que todos estos problemas terminan conectándose.
No tener suficientes recursos para mantenimiento militar afecta la capacidad de respuesta. Una infraestructura deficiente encarece los proyectos. Un sistema energético con dificultades resta competitividad. La falta de investigación nos vuelve más dependientes de tecnologías extranjeras. Y una administración pública que no logra ejecutar sus proyectos termina desperdiciando oportunidades que después resultan mucho más caras.
Esto no es simplemente una cuestión de falta de dinero
Colombia ha tenido épocas de mayores ingresos fiscales, mejores condiciones de financiación y oportunidades extraordinarias que no siempre supo aprovechar. También ha tenido gobiernos que iniciaron proyectos importantes y otros que los continuaron. El problema es que no hemos logrado sostener suficientes prioridades estratégicas durante varias administraciones.
Cada gobierno llega con sus propias ideas, sus nuevos planes y sus proyectos emblemáticos. Demasiadas veces se intenta comenzar de cero, como si el país también comenzara de cero cada cuatro años.
Y los problemas de fondo permanecen. La defensa nacional, la infraestructura, la seguridad energética, la ciencia y la tecnología no pueden depender exclusivamente del periodo presidencial. Son asuntos que requieren veinte o treinta años de planificación, recursos asegurados, seguimiento permanente y decisiones que sobrevivan a los cambios políticos.
Por supuesto que los gobiernos tienen prioridades distintas y que las circunstancias económicas obligan a tomar decisiones difíciles. Pero precisamente gobernar consiste en saber distinguir lo urgente de lo importante y en no sacrificar permanentemente lo segundo hasta que también se convierta en una emergencia.
No se trata de hacer todas las inversiones al mismo tiempo ni de gastar dinero que el Estado no tiene. Se trata de ordenar las prioridades, cumplir los compromisos y entender que aplazar una decisión también tiene un costo. Y ese costo, muchas veces, resulta mucho mayor que el de actuar oportunamente.
Sería ideal Colombia dejara de sorprenderse cada vez que aparece un problema que llevaba años anunciándose. Que no tuviéramos que esperar una crisis energética para preocuparnos por las reservas, un ataque con drones para pensar en cómo neutralizarlos, una flota envejecida para discutir su reemplazo o un colapso logístico para reconocer que hacen falta obras.
Los gobiernos anteriores tienen responsabilidades que deben examinarse, cada uno según las decisiones que tomó o dejó de tomar. Y los gobiernos presentes tienen la obligación de no seguir repitiendo esos errores.
Porque también hay que decirlo: no podemos pasarnos otros cuatro años explicando por qué los anteriores no hicieron lo que debían. Alguien tiene que comenzar a resolverlo.
Un país no puede vivir permanentemente pagando las consecuencias de lo que debió hacer hace diez o veinte años.
Colombia necesita recuperar algo elemental: la capacidad de pensar en el futuro y tomar las decisiones a tiempo. Ya hemos perdido demasiados años.
Lea también: Canciller Omar Bula pide disculpas a demócratas de EE.UU., estas son las razones