La reconstrucción de las regiones golpeadas por el terremoto del pasado 10 de agosto podría representar un desafío fiscal de entre $30 y $40 billones, equivalente a cerca de 1,6 a 2 puntos del PIB nacional. Así lo señaló José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), durante una entrevista con Mañanas Blu.
El dirigente presentó seis alternativas para financiar la recuperación sin generar una presión adicional de gran magnitud sobre las finanzas públicas. Entre sus planteamientos aparece el uso temporal de recursos con destinación específica, aprovechando las facultades otorgadas por el estado de excepción decretado tras la emergencia.
Según explicó López en Mañanas Blu, la emergencia económica podría permitir que el Gobierno modifique temporalmente el destino de determinadas rentas mediante decretos con fuerza de ley y las oriente hacia necesidades prioritarias como la reconstrucción de colegios y hospitales.
ANIF plantea redirigir recursos hacia la reconstrucción educativa
Uno de los puntos que generó mayor atención fue la posibilidad de utilizar parte de los recursos que recibe el SENA. López sostuvo que el crecimiento de los ingresos de esta entidad permitiría cubrir sus necesidades esenciales y destinar temporalmente una porción de esos recursos a la recuperación de infraestructura educativa.
El presidente de ANIF argumentó que la prioridad debe ser atender las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas. La propuesta también contempla revisar los recursos asignados al ICBF y otras entidades cuyos ingresos tengan destinaciones específicas, aunque cualquier modificación dependería de las normas que expida el Gobierno durante la emergencia.
Otro componente de la propuesta consiste en identificar partidas que permanecen sin ejecutar tanto en el Presupuesto General de la Nación como en el Sistema General de Regalías. ANIF calcula que este mecanismo podría liberar entre $20 y $30 billones para financiar la respuesta al desastre.
El gremio puso como ejemplo algunos recursos destinados a infraestructura vial secundaria que no han sido ejecutados en los tiempos previstos. La idea sería trasladar parte de esos recursos hacia las zonas donde las necesidades generadas por el terremoto son más inmediatas.
Para proteger la actividad económica, ANIF también planteó fortalecer las líneas de crédito respaldadas por garantías estatales. El objetivo sería facilitar financiación a pequeños empresarios, comerciantes y trabajadores afectados por la interrupción de sus actividades.
La propuesta contempla además recuperar mecanismos similares a los utilizados durante la pandemia, mediante el Fondo Nacional de Garantías, con coberturas que podrían ubicarse entre 60 % y 90 % de los créditos.
Finalmente, ANIF propuso crear un aporte voluntario dentro de la declaración de renta de las personas naturales. Este mecanismo funcionaría como un anticipo tributario aplicable a obligaciones fiscales de futuras vigencias.
El hecho: ANIF presentó seis propuestas para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, cuyo costo estima entre $30 y $40 billones.
¿Por qué es importante? Porque plantea alternativas para conseguir recursos sin depender exclusivamente de nuevas fuentes de endeudamiento o de mayores impuestos.
¿Cuál es el contexto? Colombia enfrenta una emergencia de gran magnitud tras el terremoto, con daños en viviendas, infraestructura y actividades económicas.
¿A quiénes afecta y cómo? Las medidas beneficiarían principalmente a comunidades damnificadas, instituciones educativas, hospitales, empresarios, comerciantes y trabajadores afectados.
¿Qué intereses hay en juego? El principal desafío es financiar la reconstrucción sin deteriorar las finanzas públicas y, al mismo tiempo, garantizar que los recursos lleguen rápidamente a las zonas afectadas.
Dato clave: Las propuestas de ANIF son planteamientos del gremio financiero y no constituyen medidas adoptadas por el Gobierno. Su implementación dependerá de las decisiones que tome el Ejecutivo.