El Hecho: El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la medida cautelar solicitada por la Procuraduría General de la Nación para suspender los desembolsos del convenio de pasaportes entre la Imprenta Nacional y la Casa da Moeda de Portugal.
¿Por qué es importante?: Permite que el convenio internacional continúe su marcha sin freno temporal, evitando poner en riesgo la continuidad del servicio público de pasaportes y el derecho fundamental a la libre circulación.
¿Cuál es el contexto?: La Procuraduría había demandado en 2025 el acuerdo por posibles irregularidades, pero el Tribunal determinó que no se acreditó la «apariencia de buen derecho» y destacó que el contrato cuenta con respaldo normativo en la Ley 1150 de 2007.
¿A quiénes afecta y cómo?: Involucra al Gobierno nacional, a la Cancillería y a la Imprenta Nacional, consolidando el nuevo modelo que desplazó a Thomas Greg & Sons tras dos décadas de monopolio.
El dato que no se puede perder: El convenio tiene un valor superior a 1,3 billones de pesos, un plazo de 10 años de cooperación tecnológica y busca que la Imprenta Nacional asuma la autonomía total del proceso a partir de 2036.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dio un espaldarazo jurídico al nuevo esquema de expedición de pasaportes implementado por el Gobierno nacional al negar, en un auto emitido este 27 de julio, la medida cautelar solicitada por la Procuraduría General de la Nación. Con esta decisión, el convenio internacional por más de 1 billón de pesos continúa su marcha sin el freno temporal que exigía el ente de control.
La solicitud de la Procuraduría pretendía ordenar de manera inmediata la suspensión de los desembolsos previstos en el acuerdo suscrito entre la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moeda de Portugal. El ente disciplinario había demandado el convenio en 2025 bajo el argumento de posibles irregularidades en su estructuración y suscripción, un proceso que busca redefinir por completo la ruta de fabricación de los documentos de identidad internacional en el país.
Panorama general: En su providencia, el Tribunal concluyó que no se cumplieron los estrictos requisitos establecidos en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) para decretar una medida cautelar de tal magnitud. De manera preliminar, los magistrados determinaron que la Procuraduría no logró acreditar la «apariencia de buen derecho» que invocaba en su demanda.
Asimismo, el despacho advirtió que el polémico convenio encuentra un respaldo normativo preliminar en el parágrafo primero del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, disposición que faculta la celebración de contratos o acuerdos con personas extranjeras de derecho público. Uno de los pesos más pesados en la balanza del Tribunal fue el análisis de proporcionalidad: la corporación judicial advirtió que suspender los desembolsos podría poner en riesgo la continuidad del servicio público de expedición de pasaportes, afectando directamente un derecho fundamental tan sensible como el de la libre circulación de los ciudadanos.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores reaccionó con ponderación ante el fallo judicial. A través de un comunicado oficial, la Cancillería señaló: «El Ministerio de Relaciones Exteriores recibió con respeto esta decisión judicial, que constituye el primer pronunciamiento jurisdiccional sobre los fundamentos jurídicos del nuevo modelo de expedición de pasaportes».
Valor del Convenio: $1.3 billones de pesos.
Plazo de Transferencia: 10 años de cooperación tecnológica.
Autonomía Total: Proyectada a partir de 2036 para la Imprenta Nacional.
Nuevo modelo de pasaportes avanza tras fallo del Tribunal que protege la continuidad del servicio
El nuevo modelo de pasaportes entró en operación formal el pasado 1 de abril de 2026, marcando un punto de quiebre absoluto en la historia reciente de este servicio. Durante las últimas dos décadas, la personalización, impresión y distribución de los documentos estuvo bajo el monopolio operativo de la multinacional Thomas Greg & Sons. No obstante, las constantes críticas y cuestionamientos liderados por el presidente Gustavo Petro pavimentaron el camino para un cambio de timón que sacó definitivamente a la firma privada del esquema.
El memorando de entendimiento, formalizado el 6 de marzo de 2025, dio vida a una alianza internacional en la que la Casa da Moeda de Portugal y la Imprenta Nacional de Colombia trazan una nueva ruta. Para blindar técnica y operativamente el proyecto, el acuerdo incluye la participación obligatoria de la histórica Imprimerie Nationale (IN Groupe) de Francia como socio estratégico de Portugal, operando bajo un modelo de consorcio interno donde ambas entidades europeas asumen en partes iguales los costos, las inversiones y los riesgos de la ejecución.
«En la primera fase en curso, los documentos son fabricados en Europa y enviados a la Imprenta Nacional, entidad que asumirá paulatinamente la custodia, personalización y distribución.»
Por qué es importante: El objetivo a largo plazo del convenio por 1.3 billones de pesos es la transferencia efectiva de conocimiento tecnológico hacia Colombia, proyectando que la Imprenta Nacional logre asumir la función de manera completamente autónoma a partir de 2036, un hito que transformará la soberanía industrial del Estado en materia de identificación ciudadana.
Mientras avanza este proceso de transición, que en su etapa inicial contempla la fabricación de libretas en Europa para su posterior personalización nacional, el proceso de fondo en los tribunales sigue su curso. La negativa de la medida cautelar representa un alivio táctico para el Ejecutivo, pero la decisión definitiva sobre la legalidad del contrato aún está por definirse en los estrados judiciales.
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