En la misma semana en que Colombia enterraba a sus muertos por el terremoto, las Fuerzas Militares del nuevo gobierno lanzaron su primer bombardeo. Fue en la noche del diez de agosto, en zona rural de Tibú y San Calixto, Norte de Santander, contra una estructura del ELN. La operación, llamada Beta, dejó dos guerrilleros muertos y la incautación de casi mil quinientos kilos de explosivos, junto con cuatrocientas cuarenta granadas adaptadas para lanzarse desde drones.
Días antes, entre el siete y el nueve de agosto, el país había registrado al menos trece ataques con explosivos y drones contra la Fuerza Pública en Cesar, Cauca, Antioquia, Tolima y Huila, justo mientras se posesionaba el presidente Abelardo de la Espriella. Frente a esa avalancha de violencia, el mandatario no se guardó las palabras. Les dijo a los grupos armados ilegales que tenían un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento al Estado de derecho. Un mes, y nada más.
Vale la pena detenerse en esa frase, porque en ella hay una idea que esta casa editorial ha defendido durante años, casi siempre nadando contra la corriente de un país que se acostumbró a negociar primero y exigir después. El Estado no le debe explicaciones a quien pone bombas contra un batallón o dispara cilindros hacia una carretera. Le debe protección al ciudadano que vive junto a esa carretera. Durante mucho tiempo, Colombia invirtió ese orden de prioridades. Se sentó a conversar con estructuras armadas que, mientras hablaban de paz en una mesa, seguían reclutando menores, extorsionando comerciantes y controlando economías ilegales en el territorio. El resultado, según la Fundación Paz y Reconciliación, es que hoy existen grupos armados organizados presentes en más de quinientos municipios del país, con el ELN solo en ciento cincuenta y seis de ellos. Esa cifra no es un accidente de la geografía. Es la consecuencia de años de ambigüedad institucional frente a quienes decidieron reemplazar al Estado por las armas.
Por ello, el ultimátum de un mes, respaldado por una acción militar real y no por un simple discurso, debe reconocerse como el retorno de una autoridad que vastas regiones del país extrañaban. No se trata de ensalzar la guerra por la guerra ni de ignorar las profundas raíces históricas y sociales del conflicto, sino de afirmar una premisa urgente: ningún Estado democrático puede tolerar zonas de su territorio donde mande el dueño del fusil. Eso es innegociable, ya sea frente al ELN, las disidencias o cualquier grupo que pretenda impartir su propia justicia armada.
Ahora bien, con la misma franqueza, hay que señalar que la firmeza militar sin presencia institucional corre el riesgo de repetir errores del pasado. El operativo en Tibú dejó, según reportes locales, tres campesinos heridos. Cada acción en zonas de alta densidad civil exige máxima precisión y rendición de cuentas, pues la legitimidad se consolida distinguiendo al enemigo armado del ciudadano atrapado en el fuego cruzado. Si este plazo pretende ser recordado como el inicio de una estrategia seria y no como un mero golpe de efecto inicial, la fuerza pública debe marchar de la mano de jueces, escuelas, vías y una institucionalidad civil que arraigue en el territorio tras la partida de los soldados.
Esa es la lección que esta región experimentó con el trágico terremoto y que ahora se reedifica frente a la violencia armada: no basta con acudir cuando la emergencia estalla, hay que permanecer cuando las cámaras se apagan. La seguridad que Colombia reclama no proviene de la guerra permanente ni de la indiferencia, sino de un Estado capaz de garantizar que la vida y la propiedad de cada ciudadano importen por igual tanto en Bogotá como en Tibú, Suárez o Planadas.
En el fondo, el plazo de un mes impuesto por el presidente a los grupos armados es también una prueba de fuego para su propio gobierno. Treinta días para demostrar que la mano firme trasciende el bombardeo aislado y se consolida como una política sostenida de recuperación territorial, con controles claros sobre la fuerza y la institucionalidad pisando los talones a cada avance militar. Colombia ya aprendió a un costo altísimo lo que implica un Estado que irrumpe con armas y se retira sin dejar nada a cambio. Esta vez, la firmeza solo será una buena noticia si camina de la mano de la memoria.
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