Una nueva agenda para el futuro de las comunicaciones en Colombia

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Una nueva agenda: Este contenido hace parte de nuestra sexta edición de 360 Revista. Cada año, nuestro medio de comunicación realiza una publicación impresa con la compilación de los hechos más relevantes del año que culmina y con proyecciones de expertos para el que nos espera.


Por: Sergio Martínez Medina, director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC

Desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), es difícil encontrar un suceso histórico, con un impacto tan elevado para el desarrollo de la humanidad como la pandemia del COVID19.

La necesidad de proteger a la ciudadanía determinó que los gobiernos adoptaran diferentes estrategias para contener el contagio, las “cuarentenas” obligatorias y el aislamiento de las personas en sus hogares fueron las medidas mas aplicadas a nivel mundial. Para mantener el “tejido social” las comunicaciones, fueron fundamentales y gracias al Internet se mantuvieron los servicios básicos; los niños recibieron la educación y no se rompió el vinculo entre las familias.

El país ha desarrollado infraestructura de telecomunicaciones y ha mejorado los niveles de cubrimiento, no obstante, estos avances no han beneficiado por igual a todo el territorio nacional. Esta pandemia evidenció la “brecha digital” que existe entre las poblaciones que reciben los servicios de Internet y las comunidades que no tienen este acceso.

Particularmente, para el caso colombiano es evidente esta brecha en las zonas rurales y en los barrios vulnerables de los centros urbanos. Ante este panorama, el principal reto que tenemos como sociedad es cerrar definitivamente la brecha digital y garantizarles a los colombianos su derecho básico de recibir el servicio de Internet, de manera efectiva independientemente del sitio en donde habitan o de su condición social.

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Foto: CRC

De la misma forma, será determinante consolidar la evolución en la apropiación digital derivada de los efectos de la pandemia del COVID en los próximos años. Especialmente, es clave que se fortalezca el gobierno digital, la inclusión financiera y el uso intensivo de las tecnologías emergentes, como la analítica de datos o la inteligencia artificial en la gestión pública y en el sector productivo del país.

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Ante estos retos, en los próximos años es necesario avanzar en una agenda que articule la política pública, la regulación y la organización industrial con los siguientes aspectos fundamentales: Estructurar una nueva política pública que articule de forma activa los programas que se ejecutan desde el Gobierno Nacional con los Territorios y las regiones que conforman la geografía nacional.

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En este sentido, en los proyectos de conectividad rural que se desarrollen en el futuro será importante contar con una estructuración previa que integre las necesidades de las comunidades, utilice fuentes de recursos como las regalías y será relevante que cada sector que conforma el Estado aporte recursos para cumplir con el propósito nacional de profundizar la conectividad en la Nación.

Las ciudades colombianas se convertirán en “territorios inteligentes” y para lograr esta transformación urbana se requerirá contar con una estrategia que elimine definitivamente las barreras que impiden el despliegue de las redes de comunicaciones en nuestros municipios.

Para superar este reto se requiere, por una parte, contar con una integración efectiva entre las autoridades municipales y los operadores de red y por otra, avanzar de forma eficaz en la digitalización de los trámites de autorización de las antenas y estaciones que requerirá el país para que pueda entrar en operación las nuevas tecnologías como es el caso del 5G.

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Probablemente, el frente de la regulación urbana, que los municipios implementan a través de sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT), será uno de los puntos críticos para el desarrollo de las redes de comunicaciones en el país, dado que a través de la regulación urbana se habilitará el uso del espacio público para el ensanche de las redes, la compartición entre servicios de comunicaciones y otras redes; y finalmente el uso del mobiliario urbano que tienen las ciudades para la instalación de los elementos o sensores de red que determinarán la digitalización de los territorios.

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Finalmente, no se entiende el diseño de “ciudades inteligentes”, sin una agenda robusta que promueva un gobierno digital de primer nivel, en donde ningún colombiano tenga que recurrir de nuevo a medios presenciales para acceder a un servicio que preste el Estado. En este sentido, cobrará importancia los planes de virtualización de trámites, el uso intensivo de los datos abiertos y la efectiva interoperabilidad entre servicios y entidades públicas.

Para lograr estos propósitos nacionales, la agenda pública debe dotar al ciudadano de las herramientas que le permitan a los colombianos contar con servicios financieros electrónicos, disminuir la elevada carga tributaria que tienen los servicios de comunicaciones en el país, promover el comercio electrónico y fortalecer las competencias digitales para que el internet sea el medio que permita a muchas familias consolidar su movilidad social y así lograr que nuestro país ingrese de manera definitiva en la economía digital.

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Las opiniones reflejadas en el presente artículo no constituyen un pronunciamiento, declaración o posición oficial de la CRC y son responsabilidad exclusiva del autor.

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