Para el ex vicepresidente y excandidato presidencial, Germán Vargas Lleras es fundamental tomar decisiones mesuradas para proteger la seguridad energética del país.
Por: Redacción 360 Radio
El debate por el cambio de contratistas en Hidroituango continúa y, sobre todo, después de que el alcalde Daniel Quintero afirmara que Epm había llegado a un acuerdo con los actuales contratistas de la megaobra (Consorcio CCCI), asunto que el abogado del conglomerado desmintió diciendo que no habían sostenido reuniones recientes con la compañía.
Ahora, el excandidato presidencial, Germán Vargas Lleras, salió al ruedo para dar su punto de vista sobre la crisis que envuelve al que es uno de los proyectos de ingeniería y energía más importantes en el país, a través de su columna dominical en El Tiempo.
En el texto afirma que si se quiere terminar la obra lo más pronto posible y sin poner en riesgo el futuro energético del país, no se debería iniciar un nuevo proceso de licitación, como anunció el alcalde Quintero que sucederá durante este mes, pues según Vargas Lleras esto supondría un retraso adicional de mínimo un año.
«Si a 31 de diciembre el fallo de la Contraloría no hubiera quedado en firme, lo que corresponde al gerente de EPM es prorrogar por una vez más los contratos actuales y asegurarse de que las obras civiles terminen en junio y diciembre de 2022 para las dos primeras unidades. Y si ese fallo estuviera en firme, la solución sería permitir que el contrato sea cedido a una compañía que, aunque relacionada con el consorcio, no esté involucrada directamente en el fallo de responsabilidad fiscal», explica el ex vicepresidente en su columna de opinión.
Vargas Lleras coincide con los análisis de conocedores de esta crisis, en cuanto a los que serían los efectos secundarios de una nueva licitación para terminar Hidroituango, una decisión que de acuerdo con estos no solo afectaría a Epm sino que podría en riesgo la seguridad energética de todo el país.
Para Epm las principales consecuencias serían una especie de «catástrofe empresarial», ya que por el incumplimiento de sus obligaciones se enfrentaría a sanciones, exigencias de garantías y pérdidas en materia de energía que sumarían hasta US$1.200 millones.
En cuanto a los efectos a nivel nacional se estiman fallas en algunas centrales que puedan generar un apagón similar al del 2015 y también habría un aumento en los precios de este servicio. Así mismo, se estima que si falla la estructura de Hidroituango, municipios como Valdivia, Cáceres, Tarazá y Caucasia podría desaparecer.
Por tanto, la conclusión de Vargas Lleras en su columna es que «lo que tiene que primar es el pragmatismo y la sensatez. Es obligación de todos los involucrados aportar soluciones. Ya lo señaló el presidente Duque cuando afirmó que no se puede poner en riesgo la ejecución del proyecto y que no se puede seguir improvisando»
