Nuestro editorial para el día de hoy abarca la noticia que se ha difundido rápidamente por la presunta eliminación de la Ley de Garantías. Como es conocido en este país, lastimosamente, repetir una y otra vez distintas frases, sentencias o titulares, hace parecer que todo es verdad y que todo está ceñido estrictamente a la realidad pero más allá del diagnóstico envejecido de que en Colombia la gente no lee y que nos hemos acostumbrado penosamente a ello, parece que hiciera carrera también la idea de que el colombiano no escucha.
El Congreso no eliminó la Ley de Garantías, lo que hizo este martes la legislatura bicameral fue suspender temporalmente un parágrafo de un artículo de la Ley de Garantías, el cual prohíbe que durante cualquier campaña presidencial ministerios y entidades descentralizadas celebren convenios, alianzas, entre otros, con municipios y departamentos de nuestro país.
Acá no se está hablando de dar rienda suelta a una contratación a dedo en época electoral, tampoco se está hablando de la supresión total del artículo. Colombia viene creciendo económicamente a un nivel sobresaliente y esto se debe sostener. Acabamos de salir de una pandemia desastrosa para la mayoría de los colombianos.
Recae nuevamente la polémica sobre no seguir permitiendo que se dicten supuestas realidades, veredictos y conjeturas desde dos o tres ciudades del país mientras los demás municipios sufren. Es muy fácil pedir que se continúe con la Ley de Garantías, la cual se creó con el fin de evitar que la reelección presidencial tuviese vicios de ilegalidad, corrupción y politiquería; en este caso que ya no hay reelección presidencial, solo afecta a las economías de las regiones más alejadas del país.
Pedir que se mantengan estas medidas desde una cafetería en el norte de Bogotá, en el sur de Medellín o en el oeste en Cali es muy fácil; desde lugares que están asegurados económicamente.
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Tenemos gobernantes locales que se han dedicado a resolver las inclemencias de esta pandemia. Presupuestos que se tienen que ejecutar, inversión para la salud, para la educación, para el sector social, para infraestructura que no se pueden detener, se tienen que ejecutar.
Extraña, pues, que muchas voces incluso de congresistas que son laureados y que han hecho una gestión loable, se hayan acomodado con la narrativa popular de que se estaba cometiendo un acto de corrupción o que se estaban cambiando las reglas del juego.
Tenemos que ser responsables con el país, y no nos cansaremos de pedir esto a todos los políticos. Colombia es un país que no se puede dar el lujo de convulsionar semana tras semana en debates bizantinos, mentirosos e irresponsables, lo único que logran es caldear más los ánimos de la gente.
Pensar de forma ilusa que la Ley de Garantías frena la corrupción es vender el sofá por la relación que no se quiere tener. Lo único que hace la Ley de Garantías es acelerar la contratación, desplazarla en el tiempo; los políticos que ya la han violado durante más de diez años conocen las triquiñuelas para poder hacerle el quite a esa ley, la cual está mandada a recoger.
Colombia tiene que enfrentar la corrupción todos los días del año, no solamente en épocas preelectorales. Que a las personas no les metan los dedos a la boca, que no les engañen más y que sean responsables y honorables a la hora de dar debates de gran interés para la nación.